sábado 15 de junio de 2024
Causa Leiva-Agüero

Víctima de abuso pidió acelerar el trámite de un fallo de la Corte de Justicia

Los hechos ocurrieron en el año 2018. Los hombres fueron condenados a 10 años de cárcel en una sentencia que no fue “debidamente fundamentada”.

La mujer víctima de abuso sexual cuya denuncia derivó en el juicio que terminó con Gabriel Leiva y Emanuel Agüero condenados por “abuso sexual con acceso carnal agravado”, pidió a la Corte de Justicia que en forma urgente remita su resolución contra la sentencia condenatoria de la Cámara de Sentencia en lo Criminal de Primera Nominación para que corrija y “dicte sentencia debidamente fundada”.

En su fallo, la Sala Penal de la Corte hizo lugar parcialmente al recurso de casación presentado por la defensa de los dos hombres condenados a la pena de 10 años de prisión y, resolvió “revocar la sentencia” y remitir el expediente al Tribunal de origen para que “dicte sentencia debidamente fundada”.

La víctima, querellante en la causa, tras recibir la notificación de la sentencia cambió de patrocinante, nombrando a Sebastián Ibáñez el jueves 23 de mayo.

En este marco, la querella pidió que se remita en la brevedad el expediente al Tribunal penal para que pueda avanzar en la nueva redacción del fundamento porque “los acusados seguirán en libertad hasta que quede firme la condena, sabiendo que recibieron 10 años”.

En diálogo con este diario, Ibáñez aseguró que “la víctima realmente está muy afectada, con tratamiento psicológico y necesita una reparación por parte de la Justicia. Esta situación la hizo retroceder mucho en esa recuperación y tratamiento psicológico”.

Remarcó que a pesar de que “la grave causa se inició en el año 2018, el expediente aún no bajó al Tribunal con la sentencia de Casación de la Corte. Esperamos que el Tribunal fundamente debidamente el fallo que creemos estuvo bien fundado y en este aspecto disentimos con la Corte. Por eso confiamos en que la Cámara no tendrá dificultad para fundamentar rápidamente para que la sentencia quede firme”.

Advirtió además que si bien en su fallo la Corte no absolvió ni ordenó al Tribunal que modifique la condena, “la víctima lo tomó como algo muy negativo y necesita que esto se resuelva”. Los defensores de los acusados, Luciano Rojas y Pedro Vélez, recurrieron la condena en casación afirmando que “el fallo es arbitrario, carece de fundamentación y contiene una artera manipulación de las pruebas a los fines de arribar a una certeza condenatoria. El Tribunal analizó de manera segmentada, fragmentaria y contradictoria la prueba de cargo. No realizó referencia alguna a la prueba de la defensa que intentó demostrar que existía duda razonable”.

Al hacer lugar parcialmente al planteo, los jueces de la Sala Penal consideraron que la sola mención genérica de la existencia de elementos probatorios, no puede ser sustento válido de una conclusión.

“Nada dice sobre la prueba a la que se refiere, la que ha sido simplemente transcripta, agregándole solo conectores a los distintos párrafos que, acotadamente resume, pero sin ningún aditamento valorativo, lo que, a mi juicio, termina por invalidar el razonamiento judicial. Además, el Tribunal no determinó cuál era el hecho atribuido a los acusados que consideró acreditado con base a la prueba analizada”, puntualizaron.

Expediente

La causa se originó en el 2018 tras la denuncia de una joven que manifestó haber sido víctima de abuso sexual.

La chica sindicó a Gabriel Leiva y Emanuel Agüero, con quienes se había citado en un domicilio de la Capital y le habían expresado la posibilidad de que consiguiera un empleo en un hotel. Bajo esta promesa, fueron hasta Valle Viejo, en donde residía el hombre que presuntamente la entrevistaría para el trabajo.

Sin embargo, eso no sucedió, ya que según la investigación, los acusados forzaron a la mujer y la abusaron sexualmente en forma reiterada.

La joven logró solicitar auxilio al meterse en el baño y comunicarse con su novio por celular.

De acuerdo con la investigación, los acusados la mantuvieron amenazada y cuando arribó la Policía al domicilio, la habrían amedrentado con un arma blanca para que no les manifestara lo ocurrido.

Violencia

Los delitos contra la integridad sexual son aquellos que atacan la libertad y la voluntad sexual de una persona.

Se trata de agresiones sexuales que atentan contra la integridad, la privacidad y la identidad de las personas.

Por ello, se los considera como delitos de abuso de poder y de sometimiento.

Estos ultrajes son abusos sexuales, abusos sexuales agravados, promoción y facilitación de la prostitución, corrupción de menores, proxenetismo agravado y rufianería, difusión de imágenes y espectáculos con material de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes (MASNNA), exhibiciones obscenas, sustracción o retención de una persona con la intención de menoscabar su integridad sexual y ciberaocoso sexual infantil o grooming.

Las agresiones sexuales también son violencia. Por ello, deben ser denunciados.

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