Última. El próximo jueves, el Senado tendrá la última sesión ordinaria del período 2023.
Mientras la Cámara de Diputados rechazó el veto del Poder Ejecutivo a la ley de "prestación alimentaria básica parental", en la Cámara de Senadores el trámite podría demorarse si no reúnen los consensos en esta semana, ya que este jueves tendrán la última sesión del período ordinario.
El veto, que llega con el rechazo de la Cámara de Diputados, ingresó al Senado el jueves y pasó directamente a la comisión de Mujer, Género, Diversidad y Familia, donde se deberá estudiar en las próximas horas.
Virginia del Arco (FT), presidenta de la comisión, evitó anticipar un rechazo al veto del Ejecutivo y dijo que primero "tenemos que ver y leer cuáles son los argumentos que se han dado y poder trabajar en la decisión que vamos a tomar".
Sin embargo, dejó entrever que podría acompañar en la decisión a la Cámara baja, y lo dijo desde su posición "como mujer y como madre, con todo lo que venimos trabajando".
En ese sentido, Del Arco anticipó que coincidía con el planteo que había hecho su par Susana Díaz (FT), quien había considerado que la ley vetada por el Gobierno "es una defensa de los derechos del niño".
"Uno siempre trabaja en proteger a los niños y a las niñas y vamos a defender esa posición. Si bien no vamos en contra de la figura masculina del padre, en algunos casos se demora mucho el pago o la sentencia del pago de la cuota alimentaria y con esto se están protegiendo los derechos del niño", declaró Díaz, quien remarcó que se trataba de una opinión personal pero consideró que "mayoritariamente todos tenemos la misma postura" (en el Senado). Si la Cámara alta ratifica el rechazo, la ley quedará firme tal como salió de la Legislatura.
El miércoles pasado, la Cámara de Diputados rechazó el veto del Ejecutivo y ratificó la ley tal como se había aprobado. La encargada de fundamentar el rechazo fue la propia presidenta de la Cámara baja, Cecilia Guerrero (FT), quien es autora del proyecto, y entre los varios argumentos esgrimidos señaló que el Ejecutivo justifica el veto en “una presunta inconstitucionalidad que no compartimos y la fundamenta en que habría una afectación del derecho de propiedad del deudor alimentario, pero nada dice de que los derechos conferidos por la Constitución no son absolutos”.
Guerrero volvió a defender el proyecto al sostener que una mediación por alimentos puede llegar a demorar cuatro meses y advirtió que en ese tiempo “la madre se las tiene que arreglar como pueda cuando el progenitor se desaparece”, y que estas situaciones “siguen fomentando las diferencias de género y convalidan irresponsabilidades de aquellos que no quieren asumir sus responsabilidades”.
Además, planteó que el Ejecutivo comunicó en forma extemporánea el veto y que “por el solo efecto formal se debería proceder a su rechazo”. La ley se sancionó el 22 de septiembre y el veto tiene fecha del 17 de octubre, pero recién se publicó en el Boletín Oficial este último martes.
En la oposición, la diputada Juana Fernández (UCR) cuestionó que el Ejecutivo no se tomó la molestia de “dedicarle suficiente tiempo al análisis de la norma”.
“Planteamos el rechazo contundente al veto y le pedimos al Ejecutivo que vaya a estudiar de nuevo antes de meterse con los poderes del Estado que son independientes”, cerró Fernández en la sesión.
La prestación alimentaria básica consiste en un descuento salarial que garantice el cumplimiento de las obligaciones de los progenitores de manera provisoria hasta que sean resueltos por el Poder Judicial.
