En el balance que presentó en la Bolsa de Nueva York para avanzar en la fusión con la australiana Allkem, la litífera Livent asentó la deuda por $6.700 millones de pesos devenida de una multa que le aplicó la Aduana por evadir 8 millones de dólares en tributos de exportación por medio de subfacturaciones.
Es una confesión de parte que el Gobierno de la Provincia podría aprovechar para aplicarle a la firma, que explota el Proyecto Fénix en el Salar del Hombre Muerto, las sanciones correspondientes por haber defraudado al fisco catamarqueño. Se abstuvo de hacerlo el año pasado, pese a que la subfacturación constatada por Aduana implicó una significativa merma de las regalías y otros aportes que Livent debía abonar a la provincia.
El Gobierno se conformó con 200 millones de pesos y 500 mil dólares, liquidados como por lo que supuestamente había dejado de pagar desde que la Agencia de Recaudación se hizo cargo de cobrarle, a principios de 2020, y la fecha en que se descubrió la maniobra dolosa. Es decir: no se trata de una multa por la rapiña; podría considerársela más bien un favor oficial.
En 2016, cuando el gobierno de Lucía Corpacci reformuló el contrato con la empresa, El Ancasti advirtió sobre el margen que el nuevo convenio ofrecía para la defraudación: que la filial provincial de Livent subfacturara las ventas a su casa matriz y de esta manera eludiera el pago de los tributos y regalías provinciales, que comenzaban a calcularse precisamente sobre la facturación.
El 28 de mayo del año pasado, también El Ancasti informó que Livent había facturado el litio exportado a un precio 843% por debajo del que había declarado el litio jujeño: 6,41 dólares el kilo el 30 de abril, contra 54,07 del mineral extraído de Jujuy.
El informe de la Aduana fue lapidario. El fraude se había perpetrado a través de 403 operaciones de exportación, cuyos valores declarados para salir del país fueron hasta un tercio de lo que declararon otras firmas por productos similares, con “distintas destinaciones pero siempre facturadas a una empresa del mismo grupo económico con sede en los Estados Unidos. Una triangulación que no siempre es ilegal a excepción de que se declare por un valor inferior al real”.
"Ante la Aduana, se declaró que la mercancía tenía un valor de u$s 5,10 el kilogramo, es decir unos u$s 5.100 por tonelada. Sin embargo, los valores reales oscilaban en el rango de los u$s 15.000 a u$s 16.000 dólares por tonelada. Eso, incluso, fue declarado por la propia compañía en el exterior al afirmar, en 2018, que con esos valores últimos para sus transacciones, la firma había sido rentable para sus accionistas. Entonces, los precios declarados por la empresa exportadora con sede en la provincia de Catamarca resultaron en un promedio entre el 102% y 121% más bajos que los de otra firma de similares características con asiento en la provincia de Jujuy. Para esto, también se lo comparó con mercancía similar puesta en la Aduana de Chile y con datos provistos por la Secretaría de Minería de la Nación, que coincidían con los de la firma competidora”, explicó el organismo nacional.
Más típico, imposible: “Se desprende que los precios de transacción declarados se encuentran influenciados por la vinculación entre las partes ya que no cumplen la condición de ser valores corrientes”.
Se entiende la velocidad con que Livent se allanó a pagar las cifras que le demandó el Estado catamarqueño. Se salvó con migajas, si se tiene en cuenta que las defraudaciones detectadas por Aduana datan de 2018 y 2019, y los monitoreos de ARCA se iniciaron recién en 2020. Las razones por las que el Gobierno desistió de sancionar a la litífera son un misterio.
La mala fe de la firma norteamericana es más grave aún, pues el Estado catamarqueño la trató con singular deferencia. Aparte de ventajeros, ingratos.
