jueves 24 de noviembre de 2022

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a El Ancasti. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cara y Cruz

Velocidades asimétricas

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a El Ancasti. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

El sistema judicial catamarqueño se ha desenvuelto con una celeridad ejemplar en el caso de un puntero político que habría estafado a una mujer, robándole dinero a cambio de un puesto de trabajo en la Secretaría de Turismo de la Provincia que nunca le entregó.

En la primera audiencia del juicio, Luis Vicente Acosta, alias “El Loro”, negó muy exaltado haber cometido el delito que se le atribuye, pero su denunciante se mantuvo en sus dichos con énfasis similar. Hoy se reanudará el debate, con la comparecencia del último testigo y los alegatos de las partes.

La Cámara de Sentencia de Tercera Nominación tendrá después la ardua responsabilidad de dictar una sentencia destinada sin dudas a brillar en los anales jurisprudenciales como advertencia y escarmiento, tanto para quienes pretendan perpetrar maniobras ilícitas atribuyéndose influencias en estamentos estatales, en caso de que Acosta sea declarado culpable, como para los que efectúen falsas denuncias, si el veredicto es de inocencia.

Este augurio no es aventurado.

Según la investigación del fiscal, las malas artes instrumentadas por Acosta le habrían permitido obtener el considerable botín de 5 mil pesos, cifra que iba a utilizar para solventar el estampillado del trámite de ingreso a la administración pública de la víctima de sus ardides. Como la designación no se produjo, vaya a saberse en qué se habrá patinado tamaña fortuna, aunque no sería extraño que la metiera en alguno de los pozos armados para las criptopirámides fraudulentas que la Justicia Federal investiga por cuerda aparte.

Como sea, reconforta verificar la eficacia de la Justicia para sancionar a criminales de tamaño calibre. La estafa se produjo en septiembre del año pasado y ya está el presunto malandra en el banquillo de los acusados, con la oportunidad de dejar a salvo su buen nombre y honor que se les niega a tantos otros involucrados en hechos de corrupción bastante más gravosos.

Ahí está, por ejemplo, el caso de las compras directas de elementos para asistencialismo efectuadas en el área de acción social entre 2000 y 2003, en el marco de lo que se conoció como “el negocio del hambre”.

La cifra involucrada ascendía a casi 60 millones de pesos de la época, pero el expediente está en trámite de engorde desde 2004. Va para las dos décadas de deriva leguleya, con varias elevaciones a juicio suspendidas.

Tampoco se destaca por su velocidad la causa del megafraude de las fundaciones, también cometido en Acción Social, en base a unos cursos de capacitación de las más variadas temáticas, aunque coincidentes en la fortuna que le costaron al erario. Tiene casi la misma edad que la de las compras directas.

Es como para compadecerse de la mala fortuna del “Loro” Acosta. Haber ido a caer en manos de magistrados tan implacables por 5.000 pesos, mientras otros andan rodando pese a adeudar todavía explicaciones por millonadas gracias a subterfugios leguleyos.

Y no es cuestión de ceñirse solo a la corrupción para constatar las asimetrías.

El asesinato de Diego Pachao llegó a la instancia del juicio oral y público diez años después de que se cometiera. Claro que ahí la mira no estaba puesta sobre un puntero que ni conseguir un puesto en el Estado puede, sino en la corporación policial.

Qué no daría Acosta por tener la asistencia de grupos con influencias similares, como los curas acusados de abusos sexuales que dan largas a sus juicios al amparo de la Iglesia. O de cargos políticos, como Enrique del Carmen Aybar, exintendente de Puerta de Corral Quemado que se dio el gusto de acceder nada menos que a dos reelecciones antes de que lo condenaran por ultrajar a una adolescente. n

Seguí leyendo

Te Puede Interesar