Episodios por lo general dramáticos suelen ser disparadores para la elaboración de leyes. Así sucedió, por ejemplo, con la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. Se llama así en homenaje a Micaela García, una joven entrerriana que fue víctima de femicidio en manos de Sebastián Wagner. O con la Ley Brisa, que reconoce el derecho a cobrar una suma mensual y a tener cobertura de salud para las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia familiar o de género, en homenaje a una niña con ese nombre que pasó un una situación de tales características. O la “Ley Justina”, de trasplante de órganos, en homenaje a Justina Lo Cane, la chica de 12 años que falleció el 22 de noviembre de 2017 a la espera de un corazón.
En el temario de las sesiones extraordinarias del Senado de la Nación acaba de incorporarse el proyecto de “ley Lucio”, en conmemoración de Lucio Dupuy, el niño que fue asesinado en La Pampa por su madre, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez. Inspirada en la ya mencionada Ley Micaela, esta iniciativa, que ya cuenta con la media sanción de la Cámara de Diputados, dispone la instrucción obligatoria para todas las personas que ejercen la función pública en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial a los efectos de la prevención y detección temprana de situaciones de vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
El proyecto, además, prevé que los poderes Ejecutivo y el Judicial actuarán articuladamente para la creación de un protocolo que establezca las formas de actuar de las fuerzas de seguridad, organismos de la niñez y jueces con competencia en familia. También, que el Estado realice campañas de concientización semestrales que ayuden a detectar y prevenir el maltrato y violencia contra niños, niñas y adolescentes, y dónde denunciarlo. Además, prevé la obligatoriedad de la implementación de la Línea 102 en todo el territorio argentino para la promoción de derechos de las infancias y la atención gratuita.
El proyecto es un valioso aporte para una problemática de extrema gravedad. Un informe de UNICEF de 2021 señala que en la Argentina, el 54,4% de los chicos y chicas son víctimas de castigo físico, un 62,5% de agresión verbal y un 72,9% de cualquier otra práctica de disciplina infantil violenta.
El castigo a niñas y niños, que antes estaba naturalizado, ya no lo está. Además, el nuevo Código Civil–vigente desde 2015–, prohíbe expresamente no solo el castigo corporal hacia los chicos sino también el psicológico.
La Ley Lucio, que seguramente recibirá la media sanción restante en el Senado, será un aporte trascendente en la defensa de los derechos de los más chicos, que son vulnerados a diario a través de prácticas que es imprescindible detectar o, en lo posible, evitar que se produzcan.
