jueves 11 de agosto de 2022

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Editorial

Una utopía

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21 de abril de 2022 - 01:00

El proyecto de ley que el Ejecutivo nacional enviará al Congreso para establecer una suerte de impuesto a la Renta Inesperada, que ya utilizaron en sus presidencias tanto Raúl Alfonsín como Fernando de la Rúa, disparó, como es un clásico en la Argentina, una serie de controversias entre los que apoyan la iniciativa y los que la rechazan de plano. Los primero entienden que recaudar entre sectores que han tenido ganancias extraordinarias en los últimos tiempos en un contexto de crisis, para financiar programas de promoción de los sectores más vulnerables, es un acto de justicia. Los que se oponen argumentan que no se puede seguir creando impuestos para financiar los gastos del Estado nacional, y que lo más conveniente sería, en todo caso, que el Estado deje de gastar tanto para que las cuentas fiscales cierren.

La verdad es que la Argentina se encuentra en una encrucijada. La creación de impuestos de manera permanente es una medida que no puede sostenerse y que distorsiona el esquema tributario general. Tampoco es razonable suponer que el déficit de las cuentas públicas se puede financiar indefinidamente con la emisión monetaria. Pero el ajuste del gasto público, para que no quede en un gesto meramente testimonial, implicará eliminar partidas que tienen una alta incidencia social y que han impedido que los niveles de pobreza e indigencia, que viene subiendo desde 2016, se disparen aun más. Eliminar gastos superfluos o bajar el gasto político es posible y deseable, pero tiene un impacto muy limitado desde el punto de vista presupuestario. Sería, en principio, un gesto simbólico de responsabilidad fiscal. Pero los modelos de achique del Estado que han logrado bajar las erogaciones en niveles importantes han avanzado sobre presupuestos de áreas sensibles, como Salud, Educación y asistencia social. También han eliminado o reducido líneas de créditos para el fomento de emprendedores, pequeñas y medianas empresas, y afectado de manera determinante la obra pública, con un impacto negativo para la actividad económica en general.

La clave es que el Estado genere las condiciones para el crecimiento sustentable de la economía, lo que permitirá mejorar los ingresos fiscales por distintas vías, entre ellas la tributaria directa.

Por otro lado, está claro que, pese a que pasan los gobiernos y, si bien se ensayan algunas reformas parciales y menores, está pendiente en la Argentina una reforma tributaria integral, que ordene el caos existente. Encarar este desafío requiere de voluntad política pero además de mecanismos institucionales de consenso, ámbitos de debate en el que estén representados todos los sectores políticos y económicos de la vida nacional. En el actual contexto de enfrentamientos políticos permanentes, donde se asumen posiciones que recorren los márgenes de la legalidad, la convocatoria a acuerdos estratégicos parece una utopía, pero es preciso insistir con ella.

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