La semana pasada se registró un hecho excepcional en la política argentina reciente. Por primera vez en mucho tiempo, Javier Milei admitió públicamente que la situación económica está afectando de manera concreta la vida de millones de personas y, en un gesto inédito, pidió “paciencia”. Reconoció que hay sectores que hoy no están bien y aseguró que el gobierno está “en el camino correcto”, pero que las mejoras concretas pronto llegarán.
Esa declaración resulta contradictoria con la narrativa que el propio Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, vienen repitiendo, en el sentido de que la economía marcha sobre rieles y que el ajuste ya está dando sus frutos. Cuando la mayoría de los indicadores macroeconómicos siguen siendo negativos -caída del consumo, contracción industrial y pérdida de poder adquisitivo de los salarios, por ejemplo-, y cuando la gente siente en su propio bolsillo el deterioro de sus ingresos, las frases triunfalistas desde el poder resultan ofensivas para vastos sectores que, en gran medida, soportaron el impacto con la esperanza de que, en la segunda etapa del mandato de la gestión libertaria, experimentaría mejoras tangibles, y no sólo discursivas, en su calidad de vida.
Es precisamente esa brecha entre el relato oficial y la realidad cotidiana lo que obliga a Milei a correr, una vez más, los plazos. Al pedir paciencia reconoce que las mejoras “todavía no han llegado para todos los sectores”. El Presidente parece haber tomado nota de que su capital político está sintiendo el desgaste y que la brecha entre la “macro” (superávit fiscal e inflación controlada pero persistente) y la “micro” (deterioro de los indicadores sociales y recesión) es una realidad perceptible por la mayoría.
Pero no es solo la economía lo que explica este giro discursivo. La admisión inédita de Milei está estrechamente vinculada con su caída pronunciada en las encuestas de imagen y, lo que es más grave para un presidente que aspira a la reelección, con escenarios electorales, productos de sondeos de opinión, que lo ubican perdiendo un eventual balotaje. Esa caída obedece, tal vez en partes casi iguales, al deterioro económico que la gente percibe y a la constatación pública de una serie de escándalos de corrupción cuyos detalles se ventilan a diario en los medios y en las redes. Entre los más relevantes se encuentran el caso $Libra, las coimas en la ANDIS, el caso Adorni y los multimillonarios créditos otorgados a funcionarios, sobre todo del área de Economía.
Hace apenas cuarenta días, Milei pronunció un discurso en el que proclamaba que su gobierno “abrazaba la moral como política de Estado”. Desde entonces se han precipitado las noticias sobre casos de corrupción en los que se ven implicados funcionarios del gobierno, lo que inhabilita en el futuro cualquier apelación a esa retórica. En Casa Rosada siguen con enorme preocupación el avance de las causas judiciales, conscientes de que cada nuevo detalle erosiona aún más la credibilidad del Presidente y de su equipo.
En el frente económico tampoco hay buenas noticias para el gobierno. Y no las habrá en el corto plazo. No está en el ADN de esta administración generar medidas que reactiven la economía, porque partiría de la premisa contraria a su dogma central, que es la no intervención del Estado en la lógica del mercado. Cualquier atisbo de estímulo, por modesto que fuera, amenazaría con liquidar el último bastión que le queda al oficialismo: exhibir una inflación que, aunque viene subiendo de manera sostenida desde hace casi un año, todavía no se ha descontrolado.
En este escenario, el pedido de paciencia de Milei suena más a una tregua solicitada a una sociedad al límite que a una promesa de bienestar inminente.