Una ley que reconoce una violencia históricamente silenciada
6 de junio de 2026 - 00:15
Con la ley Octorina, aprobada recientemente por la Legislatura de Salta, por primera vez en la Argentina una norma reconoce explícitamente la violencia sexual, racial y de género ejercida contra niñas, adolescentes y mujeres de comunidades originarias. Su objeto central es prevenir y sancionar el “chineo”, una práctica que durante siglos fue naturalizada en el norte del país y que consiste en abusos sexuales cometidos históricamente por hombres criollos contra mujeres indígenas.
La norma lleva el nombre de Octorina Zamora, una mujer wichí que exigió que las tierras ancestrales de su pueblo fueran respetadas, reclamó una salud pública respetuosa de la cultura indígena y una educación que reconociera la cosmovisión originaria, y denunció los abusos sexuales, los de los criollos, pero también los perpetrados por caciques y otros hombres indígenas.
La ley se sanciona en un contexto en el que se verifica un franco retroceso en las políticas de género y en el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios. La ley se sanciona en un contexto en el que se verifica un franco retroceso en las políticas de género y en el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios.
La sanción fue impulsada por Mujeres del Norte Organizadas, una red que logró instalar en la agenda pública una violencia históricamente silenciada y construir consensos legislativos en torno a ella.
El valor de este logro se agranda cuando se lo lee en el contexto en que se produce. La Argentina atraviesa un período de franco retroceso en las políticas de género y en el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios. En este último aspecto, en noviembre del año pasado nuestro país fue el único Estado del mundo que votó en contra de una resolución de las Naciones Unidas que buscaba proteger los derechos de los pueblos indígenas, un gesto de aislamiento que resultó difícil de explicar ante la comunidad internacional.
A ese voto se suman otras decisiones que configuran un cuadro preocupante. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) suspendió el otorgamiento de nuevas personerías jurídicas a comunidades originarias, privándolas del reconocimiento legal que les permite existir como sujetos de derecho. Y el Poder Ejecutivo derogó la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena, que desde 2006 había funcionado como escudo contra los desalojos de comunidades de sus territorios ancestrales. En ese escenario, la ley Octorina emerge como una señal que proviene de las propias provincias y que contradice la dirección que el Estado nacional ha adoptado.
Sin embargo, es preciso recordar que la Argentina tiene una larga historia de leyes que enuncian derechos y nunca llegan a garantizarlos. Las propias comunidades originarias, acostumbradas a esa brecha entre la letra y la realidad, permanecen vigilantes. La implementación de la ley Octorina está aún en debate y las organizaciones que la impulsaron no dan por concluida su tarea con la promulgación, porque saben que deben dictarse protocolos, aprobarse presupuestos, capacitar operadores judiciales y de salud para establecer los mecanismos concretos que permitan a una mujer perteneciente a los pueblos originarios denunciar un abuso y ser escuchada.
