La Casa Rosada y los gobernadores inician las tratativas rumbo al Pacto de Mayo extenuados por tres meses de peleas menos estériles que nocivas, en las que ambos bandos fueron agotando los capitales obtenidos en las elecciones al ritmo de una degradación acelerada de los indicadores económicos y sociales.
Con su habitual desmesura, atenido al “principio de revelación”, Javier Milei traficó como parte de la epopeya contra la casta sus fracasos en el Congreso y en la disputa con el bloque patagónico. Esta línea narrativa sufrió una mella importante ayer con otra revelación: mientras execraba a la política, el casto Presidente y sus colaboradores se aumentaron los emolumentos un 48%. Una degeneración fiscal que Milei prometió enmendar y se apresuró a justificar con un decreto de Cristina Kirchner de hace 14 años del que, dice, no tenía conocimiento. Qué distraído. Ojalá no le pase lo mismo si le dan las facultades extraordinarias.
En la contraparte, los gobernadores se acercan al límite de las reservas presupuestarias disponibles para tratar de atenuar el impacto del brutal ajuste en sus distritos, muy escorados por la caída de la coparticipación y la interrupción abrupta de las asignaciones nacionales no automáticas.
La tregua emerge como una tabla de sensatez subsistente en el sistema empantanado en la impotencia.
Con el acuerdo fiscal, Milei alzó la bandera blanca en su mensaje al Congreso. La batalla perdida contra el gobernador de Chubut Ignacio Torres, lo enfrentó a la posibilidad concreta de que la Corte Suprema de Justicia le ordenara reintegrar a las provincias los recursos arrebatados para cumplir con el equilibrio financiero. El criterio del tribunal en este tipo de litigios ha sido siempre favorable a las provincias.
Con poco margen para aguardar sentencias, los gobernadores aceptaron el armisticio de inmediato.
La asistencia perfecta a la reunión con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, abre una hendija para tratar de avanzar en un ordenamiento político menos tóxico y comenzar a desandar un derrotero suicida: la recesión reduce la torta por cuyo reparto litigan Nación y provincias, crujen los huesos de una sociedad despojada para financiar veleidades extremistas.
Como el país, Catamarca experimenta el traumático tránsito del libertarianismo teórico votado al práctico sufrido porque “no hay plata”. También acá Milei ganó el balotaje, después de una primera vuelta en la que el Gobierno provincial le sacó 30 puntos de diferencia a la oposición.
Confirmada la continuidad del esquema local, el voto a favor de Milei y contra la casta quizás no consideró los efectos que tendría la motosierra sobre unos ingresos provinciales que durante cuatro años contaron con el aporte de importantes anabólicos nacionales.
Aumentos de impuestos provinciales y tasas municipales por encima del 500% y cierre de las paritarias estatales muy por debajo de la escalada inflacionaria marcaron el inicio de la adaptación catamarqueña a unas circunstancias de novedad potenciada.
En la Casa Rosada no sólo hay un poder de signo político antagónico al del Gobierno provincial: se trata de un poder cuya identidad y alcance se cifran en ser antagónico a todo el sistema, acaudillado por un personaje mesiánico, para quien el Estado configura “una organización criminal” estructurada para robar y hasta los acuerdos más elementales para el funcionamiento institucional son pecaminosos.
Los gobernadores esperan que la tregua incluya alguna flexibilización de estos criterios. Pero la pulseada recién empieza, su resultado es incierto y hasta el 25 de mayo queda una eternidad.
El Gobierno provincial calcula que, si no se alcanza un nuevo equilibrio, deberá hacerse cargo con fondos propios de un agujero fiscal de $10 mil millones mensuales.
La resignación con que los gremios estatales se allanaron a las paritarias alimentó a las organizaciones de autoconvocados que presionan por aumentos más importantes y denuncian componendas espurias. Es lógico que el frente salarial exponga con mayor nitidez la crisis de ingresos provinciales por el efecto conjugado de recesión, motosierra y licuadora, pero otros conflictos amenazan con la escalada.
El Ministerio de Educación habilitó a los colegios de gestión privada a subir sus cuotas hasta un 80% el 29 de febrero, a menos de una semana del inicio del ciclo lectivo.
Las familias se sienten emboscadas. Suponen que hubo un acuerdo subrepticio para impedirles buscar alternativas menos onerosas para educar a su prole y así garantizarles a los privados la clientela.
Manga y vacuna, los colegios aplicaron las subas sin contemplaciones. Educación, quizás por casualidad, evitó el aluvión de pedidos para entrar en el sistema público que se hubiera producido si la liberación de los aranceles se producía antes.
Las facturas de marzo precipitaron fuertes reacciones. Los padres comenzaron a organizarse para resistir y reclamar la intervención del Estado.
Otro flanco polémico se abre en el IPV. El anuncio de un ajuste en las cuotas de las viviendas con topes de entre 35.000 y 75.000 pesos detonó la rebelión en Valle Chico.
La AGAP, que paga el complemento para que los jubilados provinciales cobren el 82% móvil, cerró por primera vez con déficit y se aumentará el aporte de los activos para financiarla. Y eso que para calcular el 82% no se consideran los bonos con que el Gobierno cubre recurrentemente los retrasos salariales.
Sueldos cada vez más rezagados respecto de la inflación, incrementos de los gastos fijos en los que hay que añadir los servicios. La mecha de la tolerancia social se acorta aceleradamente.
El incremento del 48% que se otorgaron mientras masacraba a la gente desacredita la rabia anticasta de Milei y el funcionariato libertario, descubiertos en una hipocresía que los mimetiza con la denostada casta.
En la crisis, las defecciones éticas y los privilegios se tornan más irritantes e incrementan exponencialmente su poder erosivo.
La irracionalidad y la intransigencia de la Casa Rosada tienen un límite muy nítido como justificativo del ajuste provincial: el que establecen las disposiciones oficiales arbitrarias que permiten a la tropa propia eludir estrecheces impuestas al común de los mortales.
El horno no está para bollos.