Un joven de 29 años fue arrestado en la Ciudad de Buenos Aires por la Policía Federal a raíz de sus posteos...
8 de marzo de 2024 - 01:25
Un joven de 29 años fue arrestado en la Ciudad de Buenos Aires por la Policía Federal a raíz de sus posteos en Instagram. Según la versión del Ministerio de Seguridad, está acusado de “amenazas” al presidente Javier Milei y de contar “con vínculos comunistas que podrían llegar a realizar acciones que atenten contra el orden público”. Es decir, respecto de este último argumento, por su ideología política más que por información concreta de algún hecho. Un ejercicio de macartismo que atrasa varias décadas e incompatible con la vida democrática de la Argentina del siglo XXI.
El arrestado había cometido un exabrupto al sostener, en medio de una discusión por Instagram, que podía disparar a la cabeza de Milei. El arresto parece un hecho exagerado, porque se lo acusa de planificar un atentado sin que hubiese otros elementos, más que el exabrupto, que fundamentasen la acusación de un hecho de violencia realmente planificado. Si los investigadores examinasen minuciosamente las redes sociales encontrarían expresiones similares a cada minuto, contra el presidente, los dirigentes de la oposición o cualquier persona. Y si cada posteo de este tenor provocara detenciones, Argentina tendría una población carcelaria porcentualmente más alta que El Salvador de Nayib Bukele. Las redes son vehículos de odio, pero obviamente no hay detrás de cada expresión agraviante la planificación de un crimen.
El exceso de celo y la falta de profesionalismo de la Policía, de los funcionarios de Seguridad e incluso de la Justicia en estos temas parece lugar común. En octubre de 2018 se produjo una situación similar en Catamarca. Un ciudadano de apellido Díaz, con domicilio en el barrio Altos de Choya, fue arrestado luego de un allanamiento. ¿La acusación?: haber amenazado a la entonces gobernadora Lucía Corpacci a través de una publicación de Facebook. “Convoco gente para que le hagamos un golpe a la gobernadora de la provincia ya que no le importa su pueblo y es lambepata de Macri”, decía la “amenazante” publicación. Por supuesto, duró apenas unas horas arrestado.
Tal vez el caso más grave de estos atropellos al sentido común fue el cometido por la Justicia jujeña, que mantuvo sesenta días presos a dos personas que replicaron en sus redes sociales una broma sobre la vida personal del exgobernador Gerardo Morales, que promovió contra ellos una acción penal. Se trató de un chiste de pésimo gusto, pero no de un delito que los obligue a dos meses de cárcel. El poder de Morales y su influencia sobre la Justicia, que fue muy evidente durante su mandato, sigue vigente.
En un país con múltiples problemas políticos, sociales y económicos, atravesado además por hechos permanentes de violencia y en donde avanza la influencia de las bandas del crimen organizado, que las fuerzas de seguridad y la Justicia ocupen tiempo, esfuerzo y recursos en perseguir a ciudadanos que profieren barbaridades por las redes sociales, pero nada más que eso, es un despropósito y una desmesura incomprensible.
