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El Mirador Político

Una chance presupuestaria para la Justicia

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5 de diciembre de 2021 - 01:05

La duplicación del Presupuesto que se le asignará el año que viene abre una oportunidad al Poder Judicial para comenzar a revertir las deficiencias del servicio que presta. Como la insuficiencia de recursos económicos es el pretexto más habitual para justificar tales falencias, el incremento de las partidas reduce las posibilidades de continuar esgrimiéndolo.

De acuerdo con el proyecto que el Ejecutivo giró a la Cámara de Diputados, la caja judicial se beneficiará con un brinco del 122% respecto de lo que se le aprobó el año pasado.

La suba se reduce al 102% si se considera una actualización de los fondos sancionada en la segunda mitad de este año, pero es de cualquier modo sustancial: 20 puntos por encima de las partidas previstas para el Gobierno, 30 más que la de la Cámara de Diputados. Solo el Senado programó un aumento superior.

Serán 9.300 millones de pesos, alrededor del 83% de las necesidades de financiamiento a través de crédito que el Gobierno solicita a la Legislatura para cubrir las erogaciones de toda la provincia.

Aunque un 90% es para los sueldos, la magnitud del salto presupuestario habilita una rogativa para que los emolumentos de jueces, fiscales y funcionarios, desmesurados en relación a lo que cobra el resto de la administración pública, se traduzca en la calidad de sus prestaciones, más aún cuando acontecimientos recientes han reactualizado las sospechas sobre estofados poco encomiables que se cocinan en los entresijos del sistema.

Cambios

La Justicia catamarqueña viene experimentando cambios profundos desde que el año pasado se amplió a siete el número de miembros de la Corte y se reemplazó el Consejo de la Magistratura por una Comisión Evaluadora en el procedimiento para designar jueces y fiscales. Hay también un recambio generacional importante en todos los niveles.

El impacto de las críticas a las reformas impulsadas por el Gobierno fue atenuado por lo menesteroso del desempeño judicial. Los reproches a la eliminación del Consejo de la Magistratura, por ejemplo, cayeron en el vacío porque la instrumentación del método no redundó en mejoras del servicio, que viene en derrumbe sostenido, muy a la zaga de un escenario social cada vez más complejo. La defensa del Consejo fue percibida como una sacralización teórica del dispositivo sin correlato en la realidad: los resultados de su aplicación no eran concordantes con las virtudes que se le atribuían.

El margen político para avanzar en su reemplazo se amplió con el escándalo que estalló por la video-denuncia que terminó con la renuncia de Juan Pablo Morales y Raúl Da Prá a la Cámara de Apelaciones para no tener que enfrentar un jury. Ambos habían sido filmados mientras supuestamente recibían una coima. Editado, el registro se hizo llegar a la Corte de forma anónima.

La dimisión de Morales y Da Prá fue la salida más conveniente para la Justicia desde el punto de vista político. El episodio de la video-denuncia afirmó las extendidas presunciones sobre la degradación judicial que habían quedado expuestas con crudeza durante el jury a Roberto Mazzucco, destituido como fiscal en 2017 tras un proceso que desnudó miserias, rencores y rencillas intestinas oprobiosas.

Como si las impresiones colectivas requirieran de indicios cíclicos, este año reventó otro episodio morboso, “la guerra de los bufetes”, cuando Morales, imputado en una causa por narcotráfico, acusó al fiscal federal Santos Reynoso de estar complicado con un estudio jurídico.

Según Morales, la video-denuncia había formado parte de una maniobra de colonización de la Cámara de Apelaciones: tenían que liberarse las butacas que ocupaban en él y Da Prá para sentar en ellas jueces afines al bufete asociado con Reynoso.

Pedro Vélez, miembro del estudio acusado, replicó que, en realidad, eran Morales y Da Prá quienes mantenían una sociedad con otro abogado penalista al que no identificó, quizás por creer que no era necesario.

Confluencia

Ineficacia y multiplicación de indicios de mugre confluyen en la erosión del concepto que la sociedad tiene sobre el Poder Judicial, más cruel cuando estos dos elementos se contrastan con los suculentos salarios que perciben los magistrados.

Al aprobar una ampliación presupuestaria de casi 600 millones de pesos solicitada por la Corte, la Legislatura puso como condición que el Poder Judicial informara sobre el uso de las partidas y que parte de ellas las utilizara para la modernización de la Justicia.

Para el año que viene, el Poder Judicial contará con más del doble de los recursos que tuvo en este, una situación que registra escasos precedentes, si es que hay alguno.

Se trata de una decisión política de primera magnitud, que excede lo económico: la Justicia tendrá fondos para comenzar a materializar el alcance potencial de los cambios institucionales acelerados en los últimos dos años.

Se le ofrece una chance para regenerar su imagen, que no alcanza a remontar el deterioro con la acción individual de algunos de sus miembros. Para dejar de ser, a criterio del ciudadano raso, reducto de privilegios.

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