Los subsidios estatales, así como los regímenes promocionales, son medidas políticas destinadas a contener a sectores...
Los subsidios estatales, así como los regímenes promocionales, son medidas políticas destinadas a contener a sectores sociales con un alto grado de vulnerabilidad o a potenciar sectores que requieren de un apoyo del sector público para sostenerse y crecer. Pero hay veces que los recursos públicos, que claramente son escasos, terminan financiando a sectores de altísima concentración económica, con lo que debe concluirse que estos regímenes terminan desvirtuándose y causando un efecto contrario al buscado originalmente.
Es lo que sucede, por ejemplo, con el Régimen de Promoción del Conocimiento (RPC), que permite a las empresas tecnológicas recibir dineros públicos para su desarrollo. Un informe elaborado conjuntamente por el Observatorio del Trabajo Informático (OTI) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) señala que las cuatro grandes empresas tecnológicas de la Argentina que controlan el mercado (Mercado Libre, Accenture, Globant y Red Link) recibieron durante 2023 el 50% de todos los recursos de ese régimen. Más de 400 pequeñas empresas recibieron el 50% restante.
La investigación mencionada establece comparaciones muy concretas y fáciles de entender para graficar el desatino: los recursos que durante el año pasado recibieron los gigantes tecnológicos equivalen al más del doble de lo destinado a comedores y merenderos comunitarios. Mercado Libre, la firma más beneficiada, que además paga impuestos en Uruguay porque le sale más barato, recibió más de 100 millones de dólares en subsidios del Estado, lo que equivale a otorgar casi 500 mil jubilaciones mínimas. Y los beneficios que recibirá en 2024 equivaldría a más de todas las becas doctorales del Conicet.
El informe indica que el RPC “pasó de ser un régimen de promoción a uno de concentración”. Y que “los números de los balances de estas empresas confirman que la tendencia a la concentración sigue avanzando ya que el régimen beneficia a las más grandes, acentuando las desigualdades”.
Como se dijo, los tratamientos impositivos diferenciales procuran promocionar regímenes que necesitan del apoyo estatal para despegar, o mantenerse, o consolidarse. Pero si esos ingresos que el Estado deja de percibir potencian empresas concentradas, o directamente favorecen la concentración, “resignar esta recaudación equivale a un gasto, una transferencia de recursos públicos”, manifiesta la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.
Y no se trata de pérdidas menores. La investigación refiere que el año pasado las pérdidas de recursos por dichos beneficios alcanzaron el 2,5% del PBI (el 11% de los ingresos totales y el 16% de ingresos tributarios), y “sumados otros beneficios fiscales, alcanzan el 5% del PBI”. Añade el estudio que el abordaje de este tipo de gastos “es opaco”, es decir, carecen de transparencia porque rara vez se revisan y tampoco se justifica la necesidad de su continuidad.
En un país donde hay comedores llenos de gente pero vacíos de comida, estas asignaciones y prerrogativas a actores privilegiados son una aberración.n
