En una época en la que se consolida la tendencia a la educación inclusiva, en la que los chicos con discapacidad puedan gozar de todos los derechos en un ámbito común y compartido con el resto de los alumnos, propiciando espacios de intercambio y de enriquecimiento mutuo, un colegio privado de la localidad de Pilar, en la provincia de Buenos Aires, decidió no renovar la matrícula de al menos 12 alumnos que cursaban allí desde el preescolar, la mayoría con algún grado de discapacidad. El argumento, formulado en reunión de padres, es que “bajan la vara” del establecimientos escolar. Una aberración que ya tiene, como es de suponer, la condena de toda la comunidad educativa y de la sociedad, pero que además debe recibir sanciones de tipo institucional que marquen límites infranqueables a arbitrariedades de este tenor.
El Magno College, que así se llama, tenía hasta hace poco un fama bien ganada de ser una escuela inclusiva. Un recambio de directivos empujó también una transformación en la filosofía educativa, facilitando la adopción de medidas que implican un retroceso inadmisible.
“Recibimos un mail el 30 de septiembre en el cual se nos informa que no va ser rematriculado el año próximo y en una reunión de padres, días después, es donde el dueño de la escuela tiene algunas manifestaciones durísimas, como decirnos que nuestro hijo baja la vara del colegio, que ninguna otra escuela habría aceptado a nuestro hijo, que ninguna otra lo aceptaría, que el día de mañana ninguna otra empresa va a contratar a nuestro hijo”, dijo el padre de uno de los chicos que, hasta ahora, no podrá seguir cursando sus estudios en ese colegio el año que viene. El niño tiene Síndrome de Hunter, una enfermedad que tiene consecuencias en lo físico y en lo neurológico.
Tras conocerse la denuncia públicamente, funcionarios de la Dirección de Cultura y Educación bonaerense se trasladaron al colegio y labraron un acta en la cual intimaron al establecimiento a retrotraer la decisión de no matriculación en el plazo de 48 horas, “para resguardar el interés superior de las niñas y niños”.
Difícilmente pueda encontrarse en el ámbito educativo de la Argentina un ejemplo tan brutal de discriminación, pero, de todos modos, lo ocurrido en Pilar bien puede funcionar como disparador para reflexionar sobre las deudas que aún tiene el sistema respecto de los procesos de inclusión. Déficit que afecta a alumnos con discapacidades, pero también a otros que pertenecen a grupos sobre los que perduran miradas, de algunos profesores o directivos, sesgadas por prejuicios: chicos de grupos socialmente vulnerables o del colectivo de la diversidad sexual, por mencionar solo dos ejemplos.
La escuela inclusiva no solo es una herramienta para garantizar derechos, sino también para activar mecanismos de aprendizaje en el que todos los actores educativos se enriquecen y para cimentar las bases de una sociedad mejor, más tolerante, más solidaria, más empática, más democrática.
