Femicidio, brutalidad policial, vejaciones y abuso sexual: varios uniformados fueron condenados en los últimos años en Catamarca. Algunos siguieron en la fuerza durante años después de su condena. En los últimos años, la Justicia de Catamarca condenó a varios policías por delitos graves cometidos en ejercicio o en abuso de su función. El registro es elocuente y configura el contexto sobre el que la Legislatura provincial mantiene su silencio.
El caso más grave es el del sargento ayudante Diego Gastón Ortega, condenado a prisión perpetua en septiembre de 2022 por el femicidio de Cinthia Aranda, ocurrida en Saujil, Pomán, en febrero de ese año. Ortega asesinó a tiros a su expareja con su arma reglamentaria. Tras ser detenido, quedó alojado en la comisaría de Saujil, donde al día siguiente fue visto tomando mate con otros policías en el patio interno. Condenado a perpetua, continuó formando parte de la fuerza policial durante casi tres años. Recién en enero de 2026, a través del Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo dispuso su exoneración con efecto retroactivo al 1° de enero de 2026.
En la misma publicación se informó la exoneración de otros tres policías: el sargento Julián Graviel Suárez, condenado en diciembre de 2024 a 11 años de prisión por abuso sexual; el oficial ayudante Ricardo Gabriel Oliva, expulsado por falta grave; y Héctor Nelson Ramírez Ávila, condenado a tres años en suspenso por peculado.
En noviembre de 2019, el oficial Abel Jesús Rivas interceptó en la vía pública al novio de su expareja, lo arrestó sin motivo legítimo y lo golpeó en un calabozo de la Comisaría Décima Primera. La víctima sufrió lesiones que demandaron 40 días de curaciones. En junio de 2022, el juez Correccional Javier Herrera lo condenó a tres años de prisión en suspenso por "privación abusiva de la libertad" y "severidades cometidas sobre un detenido", con seis años de inhabilitación para ejercer la función pública. En agosto de 2023, la Corte de Justicia rechazó el recurso de casación de la defensa.
En enero de 2015, los agentes de Infantería Luis Eduardo Palacios, Jonathan Adrián Centurión y Juan Miguel Salcedo Mercado golpearon con bastones reglamentarios a Iván Sánchez en la puerta de un boliche en Paclín, causándole fracturas y 25 días de curaciones. En febrero de 2024, el juez Jorge Palacios los condenó a tres años de prisión en suspenso y seis de inhabilitación por el delito de "vejaciones". La Fiscalía había llegado a imputarlos por "apremios ilegales" pero se morigeró la acusación durante el debate.
En un antecedente similar, la policía Fernanda Gabriela Santillán fue condenada a dos años y seis meses de prisión condicional por "privación ilegítima de la libertad agravada" y "vejaciones". El tribunal que la condenó señaló en sus fundamentos que su legajo personal registraba "reiteradas faltas" y que un informe psicológico detectó "inestabilidad emocional y dificultad en el control de impulsos", sin que esos antecedentes hubieran generado consecuencias en su carrera policial.
En septiembre de 2022, la Cámara de Sentencia en lo Criminal de Segunda Nominación condenó a cuatro policías por la muerte de Diego Pachao en la Comisaría Séptima en marzo de 2012. Gustavo Bulacios recibió 16 años de prisión por torturas; Ricardo Barrera, 8 años; Claudio Yani Nieva y Ricardo Varela fueron condenados a penas menores. En noviembre de 2023, la Corte de Justicia dejó firme el fallo.
Lo que une a todos estos casos no es solo la violencia ejercida por los condenados. Es la demora en las consecuencias institucionales: policías que siguen en funciones años después de ser condenados, sumarios administrativos que no se inician o que tardan años en resolverse, y una Legislatura que no legisla sobre el control independiente de los lugares donde estas personas ejercen su poder sobre otras personas privadas de libertad.
El MLP que Catamarca no tiene podría no haber evitado todos estos hechos. Pero podría haber detectado, prevenido y documentado las condiciones que los hacen posibles. Eso es exactamente lo que el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura exige. Y lo que la Legislatura provincial lleva 14 años sin cumplir.
