jueves 11 de julio de 2024

Un premio por cumplir y gremialistas que dan vergüenza

Silvia Fesquet

Publicado en Clarín

Podría ser un chiste: Neuquén aprobó una ley que establece el pago de un adicional para los docentes que no tengan más de tres faltas trimestrales. La suma, remunerativa y no bonificable, será del 15% de la asignación del cargo u horas cátedra que les corresponda mensualmente. Traducido al buen criollo, cobrarán un plus por hacer lo que deben.

En el plenario de la mañana de la votación se eliminó el requisito de capacitaciones para acceder al adicional y se decidió subir el monto del premio del 10% al 15%.

Podría ser un chiste II: los gremios docentes declararon un paro de 48 horas con movilización apenas se conoció la aprobación. La Asociación de Trabajadores de la Educación Neuquina (ATEN) asegura que la medida es inconstitucional y que afecta el derecho de huelga. Marcelo Guagliardo, secretario general de ATEN, llamó a luchar contra lo que consideró una “medida disciplinaria”.

“Con organización, con unidad y lucha vamos a derrotar el presentismo y toda medida que venga a cercenar nuestros derechos y perjudique el derecho de estudiantes a tener una educación pública”. De la marcha participó Sonia Alesso, secretaria general de CTERA.

Todo esto, que podría ser parte de un buen programa de humor, es increíblemente real. Lamentablemente real también.

Claudio Domínguez, diputado del Movimiento Popular Neuquino, es el autor de la iniciativa que premia el presentismo. En declaraciones a Cadena 3 explicó que la medida “es un plus, nadie está obligado, es voluntario” y que como no genera ningún esfuerzo extra en la jornada laboral no puede ser considerado inconstitucional.

Y justificó su propuesta en algunos datos inapelables: según explicó, se gastan 100 millones de dólares por año en licencias, 20 millones de los cuales son suplencias de suplencias; cerca del 30% de los docentes están ausentes, se otorgan entre 1.000 y 1.200 certificados médicos por día, y el 40% de esos certificados se entregan los lunes o los viernes. El objetivo del premio, remarcó, es bajar “el abuso de licencias que existe en el Estado”.

Uno de los argumentos utilizados por los sindicalistas para oponerse al incentivo es la vinculación de esta ley con la posibilidad de declarar a la educación como servicio esencial. Lo que, para el secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, sería “absolutamente inconstitucional”. Sus argumentos son similares a los que exhibió Guagliardo en Neuquén.

¿De qué hablamos cuando hablamos de servicio esencial? De garantizar el dictado de 180 días de clases al año, de que las escuelas estén abiertas aun cuando haya paro docente y de que, en caso de que un conflicto gremial afecte los considerados servicios esenciales, respetando el derecho de huelga, de todos modos las clases no se suspendan. Para eso habla de establecer un sistema de guardias mínimas obligatorias que garantice determinadas prestaciones.

El 13 de junio pasado, la comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación dio dictamen a un proyecto de ley para establecer en el país como servicio estratégico esencial la educación obligatoria. Habrá que ver qué pasa con esto.

Preocupados supuestamente por los chicos y por la educación, los sindicalistas están dispuestos a boicotear aquello que proclaman. Preocupados apenas por mezquinos intereses personales, olvidándose de los chicos, de la educación y de las estadísticas que muestran cómo la Argentina, que supo ser un faro en la materia y en la región, se desliza por una pendiente cada vez más inclinada. Una decadencia lenta e irremediable, que no parece haber encontrado su fondo.

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