Bajo sospecha. El intendente de La Puerta, Osvaldo Gómez, está bajo la lupa de la OSEP.
Las maniobras con órdenes truchas de la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) atribuidas al intendente de La Puerta, Osvaldo Gómez, responden a un “modus operandi” habitual entre la corporación de la salud que cíclicamente emerge para generar un breve escándalo sin mayores consecuencias: cobrar con certificaciones apócrifas por servicios que no se prestan.
Objeto de críticas debido a las dificultades para manipularla que aparecieron en un principio, la aplicación móvil implementada para que afiliados y prestadores gestionen servicios de la OSEP fue clave para descubrir los supuestos fraudes del lord mayor puerteño.
Afiliadas de La Puerta quisieron sacar órdenes y no pudieron porque la aplicación les indicaba que habían llegado al tope. ¿Cómo podía ser? El saldo de los servicios que se requerían había sido agotado, según las acusaciones, por Gómez.
La OSEP inició una investigación. De acuerdo con lo que pudo reconstruir El Ancasti, Gómez habría comprado órdenes a nombre de pacientes suyos para facturárselas a la obra social a razón de $ 8.570 por cada una. Restado el precio de la orden, quedaban $ 4.570 para su bolsillo.
El intendente desmintió las acusaciones a través de sus redes sociales. La mujer que lo denunció ante la OSEP le contestó: “¿Por qué no viene y me busca en casa y me explica qué atención me dio a mí o a mis hijos, porque yo no recuerdo haberlo visto. Salvo que sea el Dr. Milagro y atienda con telepatía. Infórmese".
Desde la obra social evitaron pronunciarse sobre el avance de las investigaciones y otras denuncias por la misma transgresión, pero trascendió que se trata de una práctica irregular que realizaban varios profesionales y sanatorios y que comenzaron a ser visibles con la aplicación.
Una situación similar a la de Gómez fue denunciada en 2021 ante OSEP, el Círculo Médico y la Justicia, pero no se registraron avances en las supuestas investigaciones. La afiliada que hizo las presentaciones consiguió que dejaran de utilizar sus datos personales para estafar a la OSEP, pero no obtuvo otras respuestas ni de la administración ni de la Justicia.
En el caso de Gómez, llama la atención la escasez de reacciones públicas. Ninguna entidad médica se pronunció institucionalmente sobre el presunto ilícito, tampoco la que reúne a los sanatorios. Solo el exdiputado nacional Rubén Manzi, que es médico, señaló la “fuga deshonesta de recursos de la OSEP” y exigió que tanto la obra social como la Justicia se expidan rápidamente.
Es raro, porque en julio de 2019 se elevó a juicio una causa conocida precisamente como "órdenes truchas", iniciada por una denuncia que había presentado siete años antes la Comisión Directiva del Círculo Médico. Ocho médicos fueron imputados por el fraude en perjuicio a la administración pública, por haber fraguado o adulterado órdenes de OSEP por servicios que no habían prestado. En aquella época, la adulteración consistía en modificar los códigos de barras de la orden.
Al mismo tiempo que facilita los trámites, la tecnología ha permitido superar aquellos trabajos artesanales. La adulteración es hora mucho más fácil y lo de Gómez saltó de pura chiripa también: hubiera bastado que la afectada se pusiera en contacto con él para que se procurara ponerse a cubierto.
El caso reinstala un gran interrogante: ¿Cuánto pierde la OSEP a raíz de este tipo de maniobras? Es un problema de primer orden y que demanda solución urgente, porque los nosocomios podrían incurrir en las mismas matufias que los profesionales ejecutan individualmente.
Más allá de las solidaridades profesionales, la corporación médica podría plantearse que las estafas reducen el margen del Estado para mejorar la retribución por los servicios profesionales honestamente prestados. ¿Si en 2013 instaron una causa penal, por qué ahora no?
