domingo 16 de junio de 2024
Con la Oficina de Asistencia a la Víctima del Delito

Un modo de garantizar el acceso a la justicia

Una causa penal no es solo un expediente. Es también el proceso que una persona que experimentó una situación de violencia debe atravesar para obtener justicia. Con este norte, la intervención de la Oficina de Asistencia a la Víctima del Delito tiene un rol fundamental en los procesos penales a efectos de procurar que el acceso a la justicia en sentido amplio se efectivice y promueva condiciones de igualdad. “El Estado debe contemplar las formas específicas de la vulnerabilidad y las dimensiones interseccionales en que se manifiesta la desigualdad, a fin de efectivizar, mediante las políticas públicas, mecanismos en término de acceso a derechos, en general, y acceso a la justicia, en particular. En los Estados democráticos, el acceso a la justicia en sentido amplio es un derecho fundamental y un aporte innegable para viabilizar y profundizar el proceso de construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Abre el camino para efectivizar derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y, de este modo, garantizar la igualdad, la no discriminación y la justicia”, se explicó.

En Catamarca en 2010, la Corte de Justicia creó la Oficina de Asistencia a la Víctima de Delito. De esta manera, se agrupan funciones para la primera Circunscripción Judicial. A partir de 2015 se realizó una descentralización, creándose una Oficina en Valle Viejo para asistencia. En ésta se incluye a Fray Mamerto Esquiú.

La Oficina cumple funciones específicas: acceso a la justicia, asistencia y acompañamiento a la víctima durante las denuncias, en proceso de instrucción y durante el debate. En los últimos años sumó las evaluaciones de riesgo a víctimas de violencia familiar y de género. Según se precisó, la Oficina de Valle Viejo es la única en la que también se realizaron evaluaciones de riesgo a personas por hechos de violencia -programa piloto implementado durante un año-, a los fines de completar de manera global las evaluaciones de riesgo solicitadas por las fiscalías de Instrucción para las víctimas.

La función asistencial de la Oficina consiste en diseñar, gestionar e implementar estrategias vinculadas a la promoción, protección y restitución de los derechos de las víctimas de delitos. Desde el paradigma de los derechos humanos, tiene la responsabilidad de construir, planificar y ejecutar acciones tendientes a habilitar procesos reparatorios y de acceso a la justicia, al mismo tiempo de intentar coordinar con las reparticiones públicas provinciales, nacionales o municipales las acciones pertinentes para el cumplimiento de su objetivo. Para ello, se propone un acompañamiento interdisciplinario e integral de las víctimas directas e indirectas (familiares, por ejemplo) con el fin de lograr la puesta en marcha de políticas reparatorias de reconocimiento y restitución de derechos.

Es importante destacar que las personas pueden quedar ubicadas en la categoría de víctimas no solo por haber sufrido una lesión producto de un delito, sino por otro tipo de vulneración a sus derechos. Ante esta situación surge la importancia de acercar el Estado mediante escucha activa, contención, asesoramiento, a fin de reparar y contribuir a garantizar sus derechos vulnerados.

“La situación por la que atraviesan las víctimas de delitos, tanto directas como indirectas, es de una enorme vulnerabilidad. Esta vulnerabilidad, la mayoría de las veces, se inserta en una estructura familiar psicosocial de derechos básicos vulnerados previos al momento delictivo, que este agudiza y profundiza y que constituye un obstáculo para el efectivo acceso a la justicia, a la contención o a una acción reparatoria. La asistencia a las víctimas resulta un desafío fundamental desde el primer momento y requiere que la intervención por parte de los equipos sea a través de estrategias de abordaje integrales y de un trabajo continuo durante el proceso judicial”, se explicó.

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