martes 16 de abril de 2024
Editorial

Un modelo cuestionado

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se reunió con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a quien le aseguró su intención de "seguir el modelo" que llevan adelante en ese país en materia de seguridad. La admiración de la funcionaria argentina es compartida por la mayoría de los salvadoreños, que ven con buenos ojos el combate que Bukele ha emprendido con éxito contra las pandillas de ese país, pero no por los organismos humanitarios y de defensa de los derechos humanos más reconocidos a nivel internacional.

La Asamblea Legislativa de El Salvador declaró, a pedido del presidente, un “régimen de excepción” que suspendió ciertos derechos constitucionales, incluidos los derechos de libertad de asociación y reunión, de privacidad en las comunicaciones y a ser informados sobre el motivo de una detención, así como el requisito de presentar a cualquier persona detenida ante un juez dentro de las 72 horas posteriores a su detención. Además, se aprobaron leyes que violan garantías básicas del debido proceso, por ejemplo, al permitir que jueces y fiscales encarcelen a niños y niñas a partir de los 12 años.

Las violaciones a los derechos humanos ocurridos en los últimos dos años enturbian el éxito contra las pandillas y además no se ha podido probar que todos los detenidos en El Salvador pertenezcan o tengan relación con esas organizaciones.

Amnistía Internacional acaba de emitir un documento a propósito de la reelección de Bukele. “Nos preocupa profundamente el deterioro en el respeto y la protección de los derechos humanos bajo el gobierno de Nayib Bukele y la probabilidad de que esta tendencia se consolide durante su segundo mandato. En los últimos cinco años hemos observado la grave crisis provocada por un modelo de gobierno que promovió violaciones masivas de derechos humanos y la evasión de mecanismos de rendición de cuentas, tanto a nivel nacional como internacional”.

“Su gestión gubernamental también se ha caracterizado por el ocultamiento y manipulación de información pública, la promoción de acciones destinadas a socavar el espacio cívico, la militarización de la seguridad pública y las detenciones arbitrarias y el encarcelamiento masivo como únicas estrategias para combatir la violencia en el país, afectando desproporcionadamente a las personas en situación de pobreza”, sostiene además.

Por su parte, la prestigiosa organización Human Rights Watch ha realizado una investigación que concluye que en El Salvador “las violaciones de derechos humanos no fueron casos aislados o excesos de agentes insubordinados de las fuerzas de seguridad. Por el contrario, tanto soldados como policías cometieron abusos similares en forma reiterada en todo el país”.

También hay pronunciamiento de Unicef: a través de un escrito le pidió "encarecidamente" a las autoridades salvadoreñas evaluar las medidas establecidas que permiten el arresto y condena de menores de edad. “Los derechos de los niños, niñas y adolescentes se aplican en todo momento, incluso en los estados de excepción”.

De modo que parece muy inconveniente intentar copiar modelos de seguridad que son denunciados como violatorios de los derechos humanos. La política de seguridad para perseguir a las bandas delictivas debe ser implacable, pero basada en la normativa nacional e internacional vigente.

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