Combinada con la demora en encontrar elementos contundentes que incriminen a Silvina Nieva, única sospechosa del asesinato del ministro de Desarrollo Social Juan Carlos Rojas, el allanamiento a la seccional del sindicato gastronómico aumentó la incertidumbre en torno a un expediente de derrotero por lo menos exótico.
Los motivos que habría tenido Nieva para matar a Rojas, en caso de que haya sido ella, son una enorme incógnita.
Está encartada porque mantenía una relación amorosa con la víctima, tenía acceso a su vivienda, habría sido registrada por una cámara de seguridad en las inmediaciones en horarios cercanos a la muerte e incurrió en contradicciones al testificar. A esto se suma que una misteriosa llave con vestigios de sangre que le habría entregado a su hija y supuestas manchas de sangre en su indumentaria con peritajes aún inconclusos.
La precariedad del plexo probatorio se hace más ostensible debido a la falta de respuesta de la pregunta medular: ¿por qué asesinaron a Rojas?
A la espera de que la apertura de los teléfonos celulares arroje más pistas, los pesquisas buscaban en gastronómicos indicios sobre un hipotético móvil económico. Se llevaron una caja de seguridad y el fiscal Hugo Costilla ordenó además analizar los movimientos en las cuentas del malogrado ministro.
El problema es que ya ha pasado más de un mes desde el hallazgo de cadáver sin novedades de peso que marquen avances significativos en la investigación, lo que hace juego con el chanfleado inicio que tuvo el expediente para afianzar una imagen menesterosa del desempeño judicial.
La defensa que ensayó el fiscal Laureano Palacios, desplazado de la instrucción por los gruesos errores cometidos, abonó estas impresiones negativas.
El tribunal del jury, que declaró la admisibilidad formal del planteo realizado por la oposición y reanudará sus labor el mes viene, rechazó el alegato por improcedente, pero básicamente dice que ninguno de los peritos que intervinieron inmediatamente después de que el cuerpo de Rojas fue encontrado le advirtió que podría tratarse de un homicidio y no de una muerte por causas naturales, como se suponía hasta que Luis Barrionuevo desacreditó la hipótesis y desencadenó la hecatombe.
Palacios añadió que ordenó practicar una segunda autopsia porque la primera era imprecisa, omitiendo que ya había entregado el cuerpo a la familia Rojas para las exequias. También le recriminó al juez de Garantía Lucas Vaccaroni una excesiva rigurosidad formal por haber ordenado liberar a Nieva debido a que las actas de detención carecían de firmas.
Dado el estado en que se encuentra la causa, si Vaccaroni no la hubiera liberado la mujer tal vez seguiría presa esperando que sus acusadores encuentren con qué sostener el homicidio doblemente calificado por mediar relación de pareja y alevosía que le endilgan, tipificación que solo admite condena de prisión perpetua.
Costilla, que actuó como fiscal coadyudante de la causa hasta que Palacios fue apartado, no ordenó una nueva detención.
Como si estas peculiaridades fueran pocas, la médica que realizó la primera autopsia, imprecisa según Palacios, renunció al día siguiente al Cuerpo Interdisciplinario Forense, tal vez anticipándose a que le colgarían el sambenito. Palacios no se privó de incorporar también a su defensa el elemento político y acusó a la oposición por sus infortunios.
Habrá que seguir esperando, pero en la Fiscalía comienza a acentuarse un sentimiento de desesperación.
Las fallas de origen enfocaron las alertas de la opinión pública y la política. Si no surgen elementos para enderezar expediente tan mal parido se avizora un escándalo mayúsculo: nada menos que la impunidad del asesinato de un ministro.n
