El caso de un policía de civil que mató a un delincuente que acababa de robarle la motocicleta en el conurbano bonaerense, reactualizó el debate respecto de lo que se denomina violencia institucional o gatillo fácil como práctica policial. El episodio, captado claramente por una cámara de seguridad, es complejo y no admite opiniones unívocas. Las imágenes muestran al delincuente apuntando con un elemento que parece un arma al policía y a una mujer que lo acompañaba. El policía, que está de civil, se baja de la moto, permitiendo que el delincuente se suba al rodado. Retrocede un poco y luego saca su arma reglamentaria y le dispara a la espalda al ladrón, que intenta correr pero cae muerto de cuatro balazos.
Es cierto que el policía se sintió gravemente amenazado, porque si bien luego se comprobó que se trataba de un instrumento casero, no apto para disparar, en el momento parecía un arma de verdad. Pero también es real que un efectivo debe dar la voz de alarma antes de disparar y solo hacerlo si corre un riesgo su vida, cuestión que no parece así en este caso. El efectivo fue procesado por homicidio agravado, pero también podría caberle una imputación más leve: exceso en legítima defensa.
El caso tiene su relación con otro de gran notoriedad: el que involucra al policía Luis Chocobar, que terminó condenado por matar a un ladrón por la espalda.
Pero más allá de estos casos puntuales, que merecen análisis despojados de preconceptos (a favor y en contra de los policías), la realidad indica que hay demasiados casos de violencia institucional que han dañado la imagen de la fuerza policial, incluso con verificaciones estadísticas.
La ONG Amnistía Internacional (AI) acaba de publicar un informe en el que se hace un repaso sobre casos emblemáticos que involucran a efectivos de las fuerzas de seguridad en episodios de gatillo fácil, apremios ilegales, desapariciones forzadas y asesinatos en comisarías. Pero también en “deficiencias en las investigaciones judiciales, encubrimientos, exclusivo foco en la versión oficial y amenazas”.
Son, según el informe, “algunas de las prácticas extendidas que se observan al interior de las fuerzas y conllevan a la impunidad en los casos de violencia policial” y que “todo ello implica una clara vulneración al derecho a la verdad, justicia y reparación de las víctimas y sus familias”.
Los números son impactantes. Solo contabilizando las recibidas por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación existen 1079 denuncias de distintos tipos de violencia por parte de fuerzas de seguridad de todo el país durante 2021. En la provincia de Buenos Aires, la Comisión Provincial por la Memoria informó al menos 90 casos de muertes por uso de la fuerza policial durante el año pasado.
Para frenar la violencia policial, deben diseñarse estrictos protocolos que regulen los procedimientos y las actuaciones de las fuerzas de seguridad, a los efectos de impedir los abusos y los delitos graves que cometen sus efectivos en el ejercicio de su labor. Pero éstos, aunque imprescindibles, serán insuficientes si no se eliminan los encubrimientos institucionales que impiden el castigo de los culpables con uniformes.
