jueves 21 de marzo de 2024
Mirador Político

Un fraude sin contornos todavía definidos

El país en general y Catamarca en particular, tienen un gran potencial minero que podría contribuir...

El país en general y Catamarca en particular, tienen un gran potencial minero que podría contribuir al desarrollo de la economía nacional. Pese a la riqueza que alberga buena parte del territorio, la minería en Argentina está aún en una etapa de crecimiento incipiente, muy lejos de otras naciones que, quizás con menos recursos naturales en la materia, han logrado un desarrollo mucho mayor.

Además de los problemas macroeconómicos estructurales y el cambio permanente de las reglas del juego desde el punto de vista jurídico, otro problema clave que funciona como restricción al crecimiento de la actividad es la falta de licencia social. Se entiende por licencia social de la minería el grado de aprobación que un emprendimiento tiene en la comunidad en la que opera o va a operar.

En el caso de Catamarca, los problemas de licencia social se vinculan con los presuntos daños ambientales que generan los proyectos radicados en la provincia y con los escasos resultados económicos que ha dejado, según la percepción de los habitantes de la provincia, más de dos décadas de explotación del yacimiento de Bajo de la Alumbrera, por el escaso monto del porcentaje de regalías, regulado por la Ley nacional de Inversiones mineras y, por la dilapidación de recursos por parte sobre todo de los intendentes, pero también de los obtenidos a través de YMAD, socia del proyecto.

Actividad sin consenso

La gestión de la empresa Livent en la explotación del litio a través del proyecto Fénix, en Antofagasta de la Sierra, contribuye decididamente a incrementar los argumentos para que la minería esté lejos de tener consenso favorable en la comunidad local y, por ende, licencia social. No tanto por la cuestión ambiental –aunque es cierto que hay críticas por la utilización excesiva de las escasas fuentes de agua de la zona, afectando a la flora y fauna- sino fundamentalmente por los perjuicios que le causa al fisco, provincial y nacional, con las maniobras de subfacturación que la firma realizó durante mucho tiempo, de acuerdo a los informes oficiales.

El alcance de este ardid para consumar el fraude aún no tiene contornos definidos. A comienzos del año pasado una auditoría de ARCA (Agencia de Recaudación de Catamarca) corroboró que Livent había subfacturado el mineral que se extrae de la provincia: mientras Jujuy vendió el producto a poco más de 54 dólares el kilo, la empresa que opera en Catamarca apareció vendiéndolo a solo 6,41 dólares. Un 843% menos. Meses después, la Dirección General de Aduanas de la Nación las detectó en más de 400 operaciones realizadas en 2018 y 2019. Pero, según un informe del Grupo Sarmiento publicado por El Ancasti y elaborado a partir de datos estadísticos oficiales, durante el año pasado Catamarca exportó a razón de 7.200 dólares por tonelada, mientras que la provincia ubicada en el extremo norte del país lo hizo a razón de 40.200 dólares por tonelada. Es decir, la subfacturación continuó en 2022 y se infiere que si ocurrió en 2018, 2019 (según Aduana) y en 2022 (de acuerdo con el último informe), es muy probable que también haya sucedido en 2020 y 2021.

El Ancasti había anticipado los riesgos de que Livent apelara a este tipo de artimañas a partir de la reformulación, en 2015, de las condiciones de explotación del Proyecto Fénix para acomodarlas a las pretensiones de la empresa. “Como el litio no es un ´commodity´ con precio de referencia internacional, especulaban los malpensados de siempre, Livent podía venderlo a su casa central por un valor inferior al del mercado, reduciendo así lo que debía depositar para el fideicomiso; hecha del producto, la casa central obtendría la ganancia comercializándolo al precio más conveniente”, publicó este diario.

El fideicomiso en cuestión fue creado a partir de un convenio, aprobado por la Legislatura provincial en 2017 y tenía como objetivo desarrollar obras de infraestructura. El acuerdo con ratificación legislativa contemplaba una inversión de Livent de 300 millones de dólares para multiplicar por dos la producción de litio. Los desembolsos de la firma iban a hacerse en concepto de Responsabilidad Social Empresaria en la zona, incremento del pago de regalías e instalación de oficinas en la provincia. Otros beneficios que obtuvo la firma es una condonación de la deuda que tenía con la provincia por canon de agua.

El acuerdo era prerrequisito indispensable para que Livent, que había dejado de ser FMC Corporation en 2015, pudiese cotizar en bolsa.

Beneficios sin compromisos

La empresa obtuvo todos esos beneficios, pero no cumplió con los compromisos asumidos argumentando los perjuicios que le había ocasionado la pandemia, lo que contrastaba con la salud con la que gozan en estos últimos años sus finanzas, al punto que se erige como la segunda productora de litio en el mundo a partir de haber conseguido durante la pandemia utilidades superiores al 100% debido a las ventas de “carbonato grado batería” a 13 mil dólares la tonelada.

Además, la filial local de Livent obtuvo, de parte del gobierno provincial, un aporte extra de 200 millones de pesos para el fideicomiso, a los efectos de “cubrir los certificados de las obras correspondientes a la construcción del puente sobre el Río El Bolsón y puente sobre Río Cura Quebrada, que se encuentran en ejecución”.

Mientras el litio se presenta como el mineral del futuro, el “oro blanco”, ofreciendo además su aporte a la transformación de la matriz energética mundial en beneficio del ambiente y contribuyendo al reemplazo de los combustibles fósiles, la empresa que lo explota en Catamarca añade elementos que fortalecen el rechazo de las comunidades locales a la actividad minera. Lo hace incumpliendo compromisos asumidos e incurriendo en maniobras que ya han sido detectadas como fraudulentas y que merecen investigarse con mayor profundidad y abarcando periodos más amplios para determinar el verdadero alcance e impacto que han tenido y tienen sobre las finanzas provinciales y nacionales.

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