Tres cooperativas de trabajo funcionan en la actualidad en el Centro Juvenil Santa Rosa, un dispositivo de alojamiento para adolescentes en conflicto con la Ley Penal. Fuentes consultadas por El Ancasti indicaron que durante el año pasado hubo una firma de convenio entre la Dirección Provincial de Abordaje Territorial y la Dirección del Menor en Conflicto con la Ley de la Secretaría de Familia. Ambas direcciones funcionan en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social.
Juan José Sánchez, director de Abordaje Territorial, comentó cómo es el funcionamiento de las cooperativas de trabajo en el predio del Centro Juvenil. “El Centro Juvenil Santa Rosa (ex-Instituto de Menores) es un centro abierto a la comunidad, con un espacio de detención de menores.
El edificio destinado a detención está separado de los galpones y los jardines, incluso, en parcelas catastrales distintas. El año pasado se firmó un convenio de cooperación entre la Dirección Provincial de Abordaje Territorial y la Dirección del Menor en Conflicto con la Ley Penal. El convenio se orienta a convertir los galpones y el terreno que hasta ahora era baldío en una incubadora de cooperativas de trabajo juvenil”, precisó.
En detalle, la rúbrica del acuerdo se concretó entre el director Sánchez y la directora del Niño en Conflicto con la Ley Penal, Eleonora Jalile. La funcionaria permaneció en su cargo hasta hace unas semanas. De acuerdo con el Boletín Oficial del 2 de junio pasado, Jalile fue designada en el cargo de directora provincial de Acción Social de la Secretaría de Acción Social de Casa de Catamarca en CABA.
Sánchez contó que están funcionando las Cooperativas de Trabajo Santa Rosa y Crecer Igual a Futuro. “Los proyectos que se están implementando son: línea textil, bloquera, albañilería y huerta, con el Instituto de Agricultura Familiar Campesina Indígena. Además, el ministro Rojas había firmado un convenio con la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) para dar en el Centro capacitaciones de oficios y recreación. El Ministerio está dando capacitaciones de soldadura, electricidad, uso de herramientas y seguridad en el trabajo”, indicó.
La cooperativa textil lleva tiempo funcionando. Anteriormente estuvo en el sector de Agronomía de Valle Viejo y en el Centro Cultural de Villa Dolores. En la actualidad funciona con 10 cooperados que perciben una ayuda económica “autogestionada”.
El ropero comunitario trabaja con la donación de telas y prendas por parte de particulares. Confeccionan indumentaria y almohadones. La idea es poder producir un importante stock para comercializar en ferias. También reciben prendas de vestir. Algunos trabajadores se encargan de lavar las prendas y otros de acondicionarlas. Luego, son donadas en distintos lugares. Ya llevaron prendas a Antapoca, Palo Labrado y Antofagasta de la Sierra.
Debido al trabajo que llevan a cabo, en breve recibirían nueva maquinaria para equipar el taller textil. Hoy por hoy cuentan con una máquina para trabajar con telas plastificadas.
En diciembre del año pasado, el juez penal juvenil Rodrigo Morabito resolvió que “en el plazo improrrogable de seis meses a contar desde la notificación de esta sentencia, deberán crear o adecuar una institución especializada en todos sus aspectos, incluso con personal especializado para jóvenes en conflicto con la ley penal sancionados”. En el mismo fallo, remarcó que “deberán crear o adecuar una institución especializada en todos sus aspectos, incluso con personal especializado para jóvenes en conflicto con la Ley Penal”.
El plazo venció el martes y no hubo respuesta. Actualmente, un joven se encuentra alojado en este dispositivo cumpliendo una condena.
“En el actual régimen provincial no existe un instituto especializado para el cumplimiento de una sanción penal respecto de todos aquellos jóvenes que habiendo sido condenados como personas menores de edad alcanzaren la mayoría de edad en estado de privación de libertad”. En materia de Ejecución Penal Juvenil, de acuerdo con las leyes vigentes, tanto a nivel nacional como provincial, “una interpretación armónica” refiere que “solo puede pasar a un establecimiento carcelario para adultos todo aquel joven que (para el Régimen Penal Juvenil) haya alcanzado la mayoría de edad (que aquí es a los 21 años) y se le hubiere impuesto pena privativa de libertad. Entre los 18 años y los 21 años deberá ser alojado en institutos especializados diferentes al de los adultos”, consideró.
En la sentencia había advertido que todo joven en conflicto con la Ley Penal que supera los 18 años y que ha cometido el hecho cuando era adolescente se encuentra bajo el Régimen de la Ley Penal Juvenil pero no de la Convención de los Derechos del Niño, aclaró.
