El aumento de las denuncias por maltrato, abandono y vulneración de derechos de personas mayores registrado en Catamarca durante los primeros meses de 2026 es un dato que no puede pasar inadvertido. La Dirección Provincial de Adultos Mayores informó que se superaron las 160 denuncias en lo que va del año, una cifra superior a la de períodos anteriores.
El incremento no refleja, necesariamente, una sociedad más violenta con sus mayores. El trabajo de concientización sostenido desde el Estado provincial y por organizaciones que se dedican a atender esta problemática permite que las personas mayores conozcan mejor sus derechos, reconozcan situaciones de abuso y encuentran canales para denunciarlas.
Sin embargo, el silencio que aún envuelve buena parte del maltrato hacia los adultos mayores obedece a que muchas veces el agresor es un familiar o conocido de la víctima. Incluso muchas veces es el que presuntamente debe velar por su bienestar. De modo que el temor al conflicto, a la ruptura del vínculo, a quedar más desamparado aún, opera como un obstáculo que ninguna campaña puede superar de un día para el otro.
Los golpes y los insultos son agresiones reconocibles. Pero el abandono silencioso, la invisibilización cotidiana, la exclusión de las decisiones que atañen a la propia vida son formas de violencia que no dejan marcas evidentes y, precisamente por eso, resultan más difíciles de identificar, de probar y de denunciar. Un adulto mayor que pasa semanas sin que nadie le hable, que es excluido de las reuniones familiares, que siente que ha dejado de existir para quienes lo rodean, sufre un daño tan real como el que provocan las agresiones físicas. La mirada social y la legal deben alcanzar también esa zona oscura.
A esas formas de maltrato relacional se suma una dimensión material que la crisis económica ha vuelto más aguda. Los problemas financieros afectan directamente la calidad de vida de las personas mayores, desde la imposibilidad de acceder a medicamentos o controles médicos hasta situaciones de dependencia económica que las colocan en una posición de extrema vulnerabilidad frente a quienes administran sus ingresos. La pobreza no es solo una condición económica; en los adultos mayores, puede ser también el origen de múltiples formas de abuso.
Frente a este panorama, el Estado no puede limitarse a registrar denuncias. Su responsabilidad es doble: prevenir y asistir. Prevenir implica sostener y ampliar las campañas de concientización, pero también formar a los equipos de salud, a los trabajadores sociales y a las comunidades para que identifiquen señales de alarma antes de que escalen. Asistir implica diseñar programas específicos que acompañen a las víctimas, que les garanticen alternativas reales cuando la fuente del maltrato es el propio núcleo familiar y que atiendan la dimensión económica de su vulnerabilidad.