Tres años después echaron al femicida de Cinthia Aranda de la Policía

La medida entró en vigencia ayer al ser publicada en el Boletín Oficial y tiene efecto retroactivo. La exoneración por la comisión de una “falta grave” rige a partir del 1 de enero de 2026.

En la misma publicación se dio a conocer la exoneración de otros tres policías, entre ellos Julián Graviel Suárez, quien, con el grado de sargento, fue procesado por la Justicia de Belén en el año 2021. En diciembre de 2024 fue condenado a 11 años de prisión por “abuso simple agravado por corrupción y abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa”.

En 2019, Suárez se había presentado como candidato a intendente del municipio de Villa Vil por el Frente de Todos (FT) y, en febrero de 2020, fue adscripto como supervisor en el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente de la Provincia.

Por "falta grave”, también fue expulsado el exoficial ayudante Ricardo Gabriel Oliva.

La misma medida alcanzó a Héctor Nelson Ramírez Ávila, quien fue condenado a tres años de prisión en suspenso por quedarse con dinero obtenido a través del cobro de multas.

El expolicía fue sentenciado en el año 2022 por el Tribunal de la Cámara de Sentencia en lo Criminal de Tercera Nominación, por hechos ocurridos a fines de 2017 y principios de 2018.

Al defenderse de la acusación de peculado, el ahora expolicía aseguró que los $28.500 que retuvo fueron resultado de la verificación de una supuesta infracción al Código de Faltas, en la que se había secuestrado una camioneta, rodado que fue liberado y entregado al dueño sin que se expidieran los comprobantes correspondientes o un recibo del cobro realizado.

Dijo que, cuando fue a rendir cuentas en la Dirección de Administración de la Policía, se “le pasó por alto” la entrega del supuesto comprobante de la presunta multa. Al igual que los otros tres exonerados, para Ramírez Ávila la fecha de expulsión se retrotrae al 1 de enero de 2026. Por ley, la exoneración es ordenada por el Poder Ejecutivo Provincial tras la realización de un sumario administrativo.

Una fiscalía con criterios disímiles

En los últimos días tuvo fuerte repercusión una noticia vinculada con el sobreseimiento del abogado Paulo Ibáñez, quien en 2024 fue exonerado del Registro de la Propiedad Inmueble tras ser imputado como presunto coautor de incumplimiento de deberes de funcionario público junto a dos empleadas subalternas, en una causa que salpica al expediente del financista Adhemar Bacchiani. A pesar de que los tres compartían la misma imputación, la expulsión solamente fue impulsada para Ibáñez por la Dirección de Sumario Administrativo y Fiscalía de Estado.

Tras varias instancias el caso fue elevado a juicio por el fiscal de Instrucción Facundo Barros Jorrat, y el sobreseimiento fue dispuesto a fines de 2025, tras un pedido realizado por su defensa.

La elevación a juicio de las dos empleadas, Norma Bravo y Andrea Pacheco, quedó firme porque no recurrieron a una instancia superior. Paralelamente, Fiscalía de Estado, que había impulsado el sumario administrativo contra Ibáñez, apeló la resolución que dispuso su exoneración.

La semana pasada, la Cámara de Apelaciones realizó una audiencia para que Fiscalía de Estado confirme su acusación contra el abogado. Los representantes de la Fiscalía no se presentaron, el sobreseimiento quedó firme y se inició un sumario a los abogados de Fiscalía, Victoria Rosales y Tomás Aibar.