La intervención de la Suprema Corte de Justicia en los procesos electorales de San Juan y Tucumán estableció, independientemente de las interpretaciones políticas que puedan hacerse sobre ellas, un ambiente más restrictivo para maniobras que en otras épocas podían traficarse como travesuras, naturalizadas por la praxis política aunque fueran ilegales e incluso delictivas.
El máximo tribunal del país puede haber asumido una actitud vigilante por sincero prurito republicano o por, como dice el kirchnerismo, inducido por factores de poder, pero el efecto es el mismo: el margen para picardías consideradas parte del folklore electoral se ha estrechado y los perjudicados por ellas tienen mayores posibilidades de obtener respuestas rápidas.
En el caso de Catamarca, este cambio tiene aún mayor relevancia porque es una de las pocas provincias que celebrará sus elecciones provinciales junto con las nacionales, de modo que cualquier episodio extraño que se suscite tendrá grandes probabilidades de proyectarse a la escena nacional y ser utilizado como insumo de una disputa presidencial particularmente intensa.
Este panorama disuadió a los sectores del oficialismo que pensaban en dispositivos para desacoplar las boletas provinciales de las nacionales como el de hacer las elecciones provinciales en agosto, junto con las PASO nacionales.
Persisten no obstante, embriones potencialmente polémicos, como la pretensión del intendente de Fray Mamerto Esquiú, Guillermo Ferreyra, de ir por un tercer mandato pese a que está expresamente prohibido por la Carta Orgánica. Quizás se trate de una herramienta para presionar por un puesto en las listas provinciales más importante a su criterio que el de senador del departamento, pero sin dudas sus antagonistas recurrirán a la Justicia si llegara a postularse y, con los precedentes de San Juan y Tucumán tan frescos, lo más seguro es que obtengan fallos favorables a sus reclamos con el aditamento de enredar a todo el peronismo local en la polémica.
En este sentido, el concejal de Santa Rosa, Mario Páez, denunció en la Justicia Federal que cerca de 600 personas aparecieron en el padrón provisorio del distrito a pesar de no residir en el lugar y apuntó contra el intendente Elpidio Guaraz.
“Estas personas están divididas en dos grupos. Por un lado, hay una cantidad de personas que nunca vivieron en Santa Rosa; por otro, existen ciudadanos que no residen en Santa Rosa, pero que se logró determinar que viven en Tucumán y Santiago del Estero y que votaron en esos lugares en las elecciones anteriores”, explicó el abogado radical Antonio Acuña.
“Esto lo viene efectuando el intendente en las elecciones anteriores. Antes se hicieron reclamos públicos pero ahora efectuamos una presentación porque tenemos identificadas a las personas. Esto es una maniobra fraudulenta que realizan algunos intendentes para que personas de otras provincias voten en sus jurisdicciones”, señaló.
Nada que pueda asombrar, tratándose de Elpidio Guaraz, aunque en las circunstancias actuales las consecuencias podrían ser más gravosas y trascender los límites del feudo que ha sabido erigir en Santa Rosa. Conviene a sus protectores recordar además que está acusado por abuso sexual y que sería mejor que se manejara con la mayor discreción posible. Ya se sabe cómo es la prensa metropolitana de eficaz para exponer personajes pintorescos de las provincias, tal vez para tratar de equiparar cargas con los que tienen allá. Este Guaraz les vendría al pelo y los opositores catamarqueños se pondrán chochos de la vida si les dan la oportunidad de relatar sus hazañas.