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Diversidad sexual

Trato digno: "El derecho más fácil de comprender pero el más difícil de aplicar"

A través de un trabajo académico, el juez Correccional Javier Herrera remarcó algunos cambios de paradigma.

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20 de junio de 2022 - 00:30

En los últimos años, las personas del grupo de diversidad sexual fueron reconocidas al sancionarse normativas como la Ley Nacional 26743 de Identidad de Género, sancionada en mayo de 2012, o la Ley Nacional 26618 de Matrimonio Igualitario, en 2010. De a poco, comenzó a saldarse una deuda para con un grupo social vulnerable y muchas veces marginado.

El camino de la integración a veces es cuesta arriba y en 2018 entró en vigencia la Ley Nacional 27499 conocida como “Ley Micaela”. Esta norma establece la capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres Poderes del Estado.

Recientemente, el juez Correccional de Tercera Nominación, Javier Herrera, presentó un trabajo académico sobre niñez y adolescencia en perspectiva de género, en relación con la identidad de género y trato digno. El magistrado puso énfasis en estos derechos, “más específicamente de las travestis, pues las veo como el grupo de mayor vulnerabilidad en la provincia, por su condición social producto de la exclusión laboral que las conminó a la pobreza. El trato digno quizás sea el derecho más fácil de comprender pero el más difícil de aplicar en esta sociedad tan patriarcal y desigual”.

En este sentido, señaló el nombre de pila con el que la persona trans quiere ser reconocida. El juez advirtió que probablemente parezca “trivial”. Sin embargo, resulta más importante de lo pensado.

“El nombre es un derecho y permite que nos distingamos los unos de los otros. Es nuestra identidad, la cual se forma de manera dinámica con nuestra existencia, que se recrea, reinventa y transforma durante los años. Representa una manifestación de voluntad y libertad de autonomía de la persona, la cual se construye con el tiempo. Las personas travestis tienen el derecho a exigir ser llamadas por su nombre de pila, con independencia del cambio registral, de lo que diga su DNI, y en eso no debemos confundirnos. No puede exigirse a una chica trans que, para poder ser tratada como tal, primero rectifique la identidad de su DNI. No importa cómo dice el documento, sino cómo se llama. Esto es el trato digno”, remarcó.

A la vez, consideró que se debe tener en claro que, como todos los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad, no alcanza solo con reconocerlos, sino que es necesario realizar acciones positivas que busquen equipararlos al resto de los habitantes. “Para quienes se autoperciben mujer y se expresan como tal, negarles el derecho a reconocerles su identidad es negarlas como personas. Es que sus nombres no son un alias, sino su alma, su forma de presentarse frente a la sociedad conforme a su autopercepción como mujer”, señaló.

En este sentido, advirtió el cambio de paradigma que hubo en los medios de comunicación durante los últimos 20 años, en relación con el abordaje de temas relacionados con este grupo social. Al respecto, el magistrado señaló que el tratamiento dado por los medios de comunicación a los travesticidios también son una muestra de patrones socioculturales que tienden a discriminar y denigrar al colectivo LGTB, colocándolos en una especial situación de vulnerabilidad como seres marginales. Sin embargo, aclaró, requieren de una mirada con perspectiva de género en procura de nivelar aquellas desigualdades.

“Corría el año 2002 y se producía uno de los travesticidios más resonantes de la historia policial catamarqueña, la muerte de Cassandra. A lo largo de la noticia el término ‘travesti’ es utilizado peyorativamente, siempre en forma masculina como un dato de color, y su identidad era tomada como un apodo o sobrenombre. Cassandra fue tratada de una suerte de fenómeno, anómalo, distinto, sectorizado geográficamente, excluido, invisibilizado”, detalló.

Con el correr de los años, de sancionarse leyes en esta materia y de luchas de los grupos de diversidad sexual que continúan avanzando en la conquista de derechos, para comenzar a visibilizar el trato digno que merecen las personas del grupo LGBTIQ+. “El apartamiento del colectivo trans, la condición de vulnerabilidad en que se encuentran producto de la desigualdad, no es elegida sino provocada por una sociedad que excluye, extirpa y disciplina a lo diferente”, sostuvo.

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