Con la reanudación de la actividad judicial se esperan definiciones en el marco de las causas que tienen a financieras de la provincia en la mira de la Justicia. Son los casos de Adhemar Capital y de RT inversiones SRL, que tienen una larga lista de imputados y que el Juzgado Federal deberá resolver los procesamientos y la consecuente elevación a juicio.
El expediente Adhemar Capital tiene a dos personas detenidas: su dueño Edgar Adhemar Bacchiani y uno de sus socios, José Armando Blas, quien fue trasladado al penal de Miraflores luego de que se le revocara la prisión domiciliaria. Esto sucedió el 12 de julio luego de una presentación realizada por la querella en la que adjuntaron informes de Binance, en los que se detectaron movimientos en las cuentas de Blas a través de esa plataforma. La defensa y la Fiscalía Federal apelaron y está pendiente de definición.
Por otro lado, el jueves se realizó un allanamiento en un domicilio del barrio 240 viviendas, en donde Gendarmería Nacional secuestró un automóvil BMW M5 Sedan que era propiedad de Blas. El vehículo había sido vendido a un hombre de apellido Nazareno, pero el título seguía a nombre de Blas. Un grupo de acreedores había contratado a un detective que localizó el auto. Los ahorristas señalaban que adentro del auto había dólares, pero el dinero no fue encontrado en el procedimiento.
Otro dato que surgió fue que el auto en cuestión tiene una valuación fiscal de $28.445.600 y acumula una deuda impositiva con el Estado provincial por más de $680 mil.
Con Edgar Bacchiani alojado en el penal de Miraflores, el juez federal Miguel Ángel Contreras ya trabaja en la resolución, la que definirá si es que Incluye el delito de lavado de activos a la lista de imputaciones que pesa sobre el Ceo de Adhemar Capital, sus socios y otros involucrados.
Otra cuestión a definir en el juzgado es el fallo último de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, que decretó la nulidad de la imputación contra la escribana Joaquina Córdoba Gandini, quien había recurrido la acusación por “insolvencia fraudulenta” y por la que también había sido indagado Mariano Manzi, en diciembre último.
El fallo del Tribunal de Alzada ordenaba no solo la nulidad de la acusación sino también de todos los actos posteriores, lo que podría significar un giro importante en la pesquisa por las maniobras de insolvencia fraudulenta que también habían salpicado a Edgar Bacchiani.
En el fallo de la Cámara Federal señalan "que no se establece en qué forma Manzi y Córdoba Gandini habrían contribuido con el imputado Bacchiani para lograr su estado de insolvencia en perjuicio de sus acreedores".
En ese sentido, el tribunal de Alzada resolvió revocar la resolución en la que fue imputada Córdoba Gandini y declarar la nulidad del requerimiento de instrucción formulado por el fiscal Santos Reynoso.
El 11 de mayo del 2022, tras la caída de Bacchiani y su cúpula, eran detenidos Edgardo Edmundo Bulacio, su hijo Edgardo Federico y su esposa Alicia Estela Nieva. También eran detenidos Matías Rolón Reynoso y Ariel Vergara, entre otros. Todos fueron procesados por “intermediación financiera no autorizada” por pedido del fiscal federal Rafael Vehils Ruiz. El juez federal santiagueño Sebastián Diego Argibay decidió desglosar la causa: declinó competencia por las estafas y la asociación ilícita, ya que entendía que la Justicia provincial debía investigar. Finalmente, la Cámara Federal de Apelaciones revirtió esa resolución y ordenó que Argibay investigue esos delitos y también si existió lavado de activos.
El único detenido que tiene la causa es Edgardo Bulacio (h), quien regresó al penal tras haber estado desde fines de mayo internado en una clínica. Su padre Edgardo está con prisión domiciliaria desde febrero.
Otro episodio significativo que sucedió en el primer semestre fue la decisión de Argibay de ampliar procesamientos pero dejando de lado la figura de la “asociación ilícita”.
Argibay decidió ampliar el procesamiento para el clan Bulacio y Gonzalo Barone, a quienes les endilgó el delito de lavado de activos. El clan Bulacio solamente estaba procesado por “intermediación financiera no autorizada”. La resolución fue apelada por las querellas y por el fiscal Vehils Ruiz y resta la defnición del Tribunal de Alzada.