El año pasado fue presentado en el Congreso de la Nación un proyecto de ley para administrar con sentido social y eficiencia los bienes que la Justicia le decomisó al crimen organizado en actividades como narcotráfico, trata de personas, lavado de dinero o contrabando. La idea es crear una agencia que administre los bienes incautados en acciones a favor de los sectores socialmente más vulnerables. Los bienes son incautados en el momento del inicio de la acción penal, pero recién pasan definitivamente a manos del Estado con la sentencia condenatoria.
Como ya se señaló en esta misma columna en oportunidad de presentarse el proyecto, según las estimaciones difundidas, el valor del dinero, inmuebles (casas, campos, talleres clandestinos), maquinarias y vehículos de todo tipo (autos, tractores, camiones, avionetas, etc.) decomisados en la Argentina es de varios cientos de miles de millones de pesos. El sentido común indica que si esos bienes no se administran y utilizan convenientemente, la acción del Estado contra las bandas criminales queda incompleta.
La iniciativa no fue tratada, pero nuevos impulsos pueden lograr que el tema sea finalmente debatido y convalidado para su puesta en práctica.
La ley que rige sobre la materia tiene ya casi medio siglo. Es de 1974 y se denomina “bienes objeto de secuestro en causas penales”, cuyo objeto es la regulación de los mecanismos a través de los cuales los jueces del fuero penal pueden disponer de los bienes decomisados al delito. Lo que la norma en vigencia postula es la subasta de esos bienes. El sentido no era su administración con sentido social sino sacárselos de encima porque ocupaban demasiado lugar.
La propuesta del proyecto presentado ante los legisladores es defendida y fundamentada por un grupo de personas, entre las que se encuentran algunas con representación institucional, como el juez federal Sebastián Casanello y el obispo auxiliar de Buenos Aires, Gustavo Carrara, que vive desde hace 14 años en la villa con más homicidios de la Ciudad de Buenos Aires. Ambos estuvieron la semana pasada integrando un panel en el que se abordó esta interesante propuesta junto a dos expertos en el tema: José Rojas Medellín, funcionario colombiano nombrado por el presidente de ese país, Gustavo Petro, y Bruno Corda, director de la Agencia Nacional Italiana para la administración y destino de los bienes incautados y confiscados al crimen organizado. Italia es un país pionero en la utilización social de los bienes de la mafia.
La clave está en darle un sentido social a los bienes incautados. Como señala el obispo villero, “debemos transformar la vida de los pobres, sobre todo de los indigentes, porque la teoría del derrame nunca llega, y tampoco sirve ser una inmobiliaria de los bienes. Si esos recursos pueden destinarse al fondo de los barrios populares, va a transformar vidas”.
