"Tragedia de la Alcaidía" estaría prescripta, según dos de los acusados
4 de abril de 2025 - 00:00
El abogado del foro local Marcos Gandini, defensor de dos policías imputados por la “Tragedia de la Alcaidía”, advirtió que la causa estaría prescripta. Por este siniestro, los policías Juan Carlos Reyes, Adrián Antonio Mansilla, Luis Alberto Leiva, Adriana del Valle Galván y Carlos Daniel Leiva fueron imputados por “homicidio culposo agravado por el número de víctimas fatales”. El lamentable hecho sucedió el septiembre de 2011. Los adolescentes Franco Nieva (16), Nelson Molas (17), Nelson Fernández (15) y Franco Sosa (16) fallecieron, luego de un incendio en la celda donde se encontraban alojados. El expediente fue remitido al Juzgado Correccional de Primera Nominación para la realización del debate oral y público. No obstante, por diversos planteos realizados por las partes, tanto Ministerio Público Fiscal, como la querella y la defensa, el inicio del debate se fue postergando.
Dos de los acusados plantearon la prescripción y sobreseimiento de la causa. El abogado Gandini asiste a Mansilla y Leiva. A su criterio, los plazos ya habrían vencido. En consecuencia, solicitó para sus defendidos el sobreseimiento. Entre octubre de 2018 y marzo de 2023, se habría fijado fecha de audiencia en al menos cinco ocasiones. En cada oportunidad, se realizaron diferentes planteos.
La madre de una de las víctimas de la Tragedia de la Alcaidía consideró que el Estado Provincial tenía responsabilidad y realizó una demanda civil. En febrero de 2021, la jueza Silvina Millán del Juzgado Civil de Primera Instancia de Cuarta Nominación, falló a favor de esta madre y condenó al Estado Provincial a abonar la suma de $783.116,16 en concepto de daño patrimonial (lucro cesante y pérdida de chance), más la suma de $1.000.000.
“Surge claro que el fallecimiento del adolescente se produjo cuando éste se encontraba privado de su libertad (demorado) y, por ende, bajo custodia y cuidado de la Policía de la Provincia y a cargo del Juzgado de Menores de turno, por lo que corresponde determinar si puede imputarse responsabilidad al Estado por la irregular prestación del servicio a su cargo”, remarcó la jueza.
