Konstantin Orlov decía ser representante de una organización y que llegaría un contenedor con donaciones. Su pareja y otro hombre fueron condenados a 3 años de prisión en suspenso.
A mediados de 2020, en plena crisis por la pandemia, un ruso llamado Konstantin Orlov, radicado en la ciudad de Recreo, dijo ser representante de la organización de caridad internacional Armenian Artsakh Fund. Aseguró que en el puerto de Buenos Aires había un contenedor bloqueado con 40 pallets de medicamentos donados por esa organización, y que los elementos estaban destinados al Hospital Liborio Forte, de Recreo.
Al respecto, en la edición del 10 de octubre de 2020 El Ancasti informó que Horacio Sierralta, entonces secretario de Interrelación Municipal, explicó que el primer impedimento que tuvo el Fondo fue “el cambio del destinatario del donativo, del Hospital de Recreo al Ministerio de Salud, ya que dicho hospital no cumplía con los requisitos exigidos por los organismos intervinientes. Esto les llevó mucho tiempo y, en el medio, está la pandemia que retrasó todo. Una vez realizado el cambio de donatario, se articuló con la Dirección de Farmacia e Insumos del Ministerio de Salud para la realización de la traducción al español del listado de medicamentos e insumos médicos donados y la posterior elevación a ANMAT. Una vez que ANMAT aprobó, se envió todo firmado y este trámite salió de la órbita del Ministerio. El Fondo tuvo que nombrar un despachante de Aduana, que es el que tiene que hacer el retiro de ese contenedor, que va a venir directamente a Recreo”, se informó.
Sin embargo, nada de eso sucedió. La mercadería ingresó al país sin pagar impuestos, amparada por el Régimen Especial de Envíos de Asistencia y Salvamento, y fue depositada en un galpón de Sarandí. La Justicia sospechó que se trataba de una operación ilegal y que los elementos serían desviados a fundaciones como el “Centro de Innovación Brasil Armenia Argentina”, integrado precisamente por Orlov y su socia y pareja, Andrea Fany Álvarez, según el Boletín Oficial del año 2020.
Los fiscales Jorge Dahl Rocha y Gabriel Pérez Barberá investigaron el caso, y la semana pasada se llevó a cabo un juicio abreviado en el que la mujer y un tercer involucrado pactaron una pena de tres años de prisión en suspenso.
En el Tribunal N.º 1 del fuero Nacional en lo Económico, a cargo del juez Diego García Berro, los dos fueron condenados como “partícipes secundarios de contrabando agravado por la posible afectación de la salud pública”.
Orlov no pudo ser juzgado porque murió en 2021 por COVID. Según se informó, Álvarez quedó irremediablemente expuesta en la maniobra como principal operadora cuando pagó la tasa de servicios de almacenaje en la terminal Exolgan de Dock Sud.
Inclusive, intentó realizar una colecta solidaria a través de un posteo en su muro de Facebook. El tercer implicado fue David Ariel Allami, quien en 1994 se convirtió en uno de tantos símbolos del atentado a la AMIA. Era una figura sumamente respetada dentro de la comunidad judía ortodoxa, con el rol de sofer, el escriba de textos sagrados como la Torá.
Con 59 años, está preso en el penal de Ezeiza, condenado a 23 años de prisión por los delitos de abuso de menores gravemente ultrajante, agravado por la guarda de la víctima, en concurso real con producción de pornografía infantil y corrupción de menores.
Allami era una pieza clave en la trama del contrabando, que, según sus testimonios, también incluía productos de perfumería. Sabía de las fechas de vencimiento y, tras la muerte de Orlov, quedó a cargo de la comercialización de los productos. Según la sentencia, la organización que Allami integró se aprovechó del Régimen Especial que exime del pago de impuestos al material importado para aliviar una catástrofe. Esta mercadería, “pese a su carácter donativo, que fuera declarado con fines sanitarios, se encontraba destinada a ser comercializada en el mercado local”. Se supo además que Orlov tuvo tres DNI distintos en Argentina, con domicilios en Catamarca y en CABA, y que pagó un monotributo.
Para la Justicia, la supuesta donación humanitaria fue utilizada para ingresar mercadería al país sin tributar impuestos y luego comercializarla en el mercado local.