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SUSCRIBITELo que en principio puede evaluarse como una buena noticia para la educación superior, adopta otro cariz cuando la medida decidida por el gobierno nacional se examina en detalle. La buena noticia es que, finalizando el mes de enero, se incrementó el presupuesto universitario en casi 15.000 millones de pesos. La objeción que surge de un análisis más minucioso se vincula con los criterios seguidos para decidir la distribución de los fondos.
Las universidades beneficiadas por el aporte de nuevos recursos, adicionales a los establecidos en la Ley de Presupuesto 2023 aprobada por el Congreso de la Nación a fines de noviembre del año pasado, son 25 sobre un total de 57 universidades nacionales existentes en el país. Una porción importante de estos recursos beneficia al AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires). La que obtendrá más recursos en la asignación de las nuevas partidas es la Universidad de Buenos Aires, lo cual resulta lógico porque es la más grande del país, pero luego le siguen algunas del Gran Buenos Aires, como las de Lomas de Zamora, San Martín, José C. Paz, Hurlingham y La Matanza.
No cabe duda de que en las razones para distribuir las nuevas partidas priman las de índole política, pues favorece a casas de altos estudios ubicados en distritos afines al oficialismo nacional. Pero también se advierte un criterio escasamente federal en el reparto.
La Universidad de Córdoba, la segunda más importante del país, recibirá como aportes extras a lo presupuestado 500 millones de pesos, lo mismo que algunas del conurbano.
Algunas universidades no tendrán el beneficio de ninguna nueva asignación presupuestaria, entre ellas las de Catamarca, pero también algunas grandes, como las de Rosario y Santa Fe, cuyos rectores declararon públicamente su contrariedad y al mismo tiempo pidieron explicaciones al gobierno nacional, hasta ahora sin respuestas consistentes.
Sectores vinculados a la oposición catamarqueña también cuestionaron la distribución y sumaron, al igual que legisladores santafesinos, pedidos de informes a través de proyectos en el Congreso de la Nación. Por ejemplo, el diputado Francisco Monti y el senador Flavio Fama, que además fue rector de la Universidad Nacional de Catamarca entre 2008 y 2021.
La preocupación de Fama por los recursos de la universidad catamarqueña, que es por supuesto legítima, generó sin embargo malestar en sectores del peronismo universitario, así como en el sector gremial de la UNCA, que le reprochan aún los nombramientos masivos, la gran mayoría de ellos beneficiando a militantes políticos de su sector, que firmó en los días previos a su alejamiento del rectorado.
Fueron 152 pases a planta permanente, además de innumerables recategorizaciones y contratos, relegando al mismo tiempo a trabajadores de universidad que tienen mayores méritos y antigüedad pero que no necesariamente adhieren al sector político de Fama.
Como puede observarse, los direccionamientos de los recursos públicos con criterios clientelares o para beneficiar a los aliados políticos los practican todas las fuerzas políticas y se detectan en todos los niveles. De modo que está muy bien que se pidan informes, pero todos deben dar explicaciones.
