La provincia elevó el planteo sobre el multimillonario proyecto de Navitas Petroleum ante el ente israelí.
El Gobierno de Tierra del Fuego presentó una denuncia formal contra la empresa israelí Navitas Petroleum ante la Autoridad de Valores de Israel, acusándola de ocultar a sus inversores la ilegalidad del proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas.
La ofensiva judicial provincial contrasta con el silencio del Gobierno nacional frente al avance de la explotación hidrocarburífera en el Atlántico Sur, impulsada por capitales británicos e israelíes.
La presentación, encabezada por el secretario de Malvinas, Andrés Dachary, sostiene que la firma brindó información engañosa o incompleta sobre los riesgos jurídicos y diplomáticos de un emprendimiento que carece de autorización argentina en un territorio en disputa. Según el texto, Navitas habría minimizado la posición oficial de la Cancillería, que rechazó la decisión final de inversión y calificó las actividades como ilegales.
La denuncia solicita que el organismo israelí investigue si la compañía omitió informar hechos relevantes, como las sanciones ya aplicadas y las declaraciones presidenciales del 2 de abril de 2026.
El proyecto Sea Lion, desarrollado en consorcio con la británica Rockhopper, prevé la extracción de 1.700 millones de barriles de crudo hacia 2028, con ingresos estimados en 4.000 millones de dólares en impuestos y regalías para la administración isleña.
La iniciativa se sostiene en licencias otorgadas por el Reino Unido, consideradas ilegales por la Ley 26.659 y por resoluciones de la ONU que prohíben modificaciones unilaterales en Malvinas.
Mientras tanto, la Legislatura isleña avanza con medidas para consolidar la industria hidrocarburífera.
A fines de abril, debatió la moción 10/26, que busca garantizar la participación de empresas locales en los proyectos offshore bajo el concepto de “contenido local”.
El respaldo británico y la falta de una estrategia diplomática sostenida por parte de Argentina fortalecen el esquema de explotación.
Especialistas advierten que la ausencia de protestas sistemáticas puede implicar un cambio implícito de posición en el plano internacional.
“No existe un ámbito jurisdiccional compulsivo para llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia sin el consentimiento británico”, explicó el experto en derecho internacional Juan Rial, quien subrayó la importancia de mantener la protesta diplomática como herramienta política.