El cierre de la fábrica TextilCom se encuadra en una degradación de las condiciones generales de la economía que se aceleró...
El cierre de la fábrica TextilCom se encuadra en una degradación de las condiciones generales de la economía que se aceleró desde la asunción a la Presidencia de Javier Milei, cuya política central y al parecer exclusiva se orienta a terminar con el déficit fiscal y encadenar superávits financieros. La persecución de estas metas insume costos sociales altísimos que ya empiezan a reflejarse en la demanda al Gobierno, donde el temor a perder el empleo escala y, poco a poco, desplaza al control de la inflación como preocupación principal.
Desde el inicio de la gestión libertaria se han cerrado nada menos que 277 mil cuentas sueldo, crecen la informalidad y la pobreza.
TextilCom, es cierto, se radicó en Catamarca en 2022 atraída por los beneficios de un régimen de promoción a la industria establecido por el Gobierno nacional de entonces, a lo que sumó estímulos provinciales. Estos regímenes promocionales han desaparecido y los recursos provinciales, restringidos por la política de motosierra y licuadora que aplica la Nación, son insuficientes para suplantarlos.
Más de un centenar de personas han quedado sin su fuente laboral de un golpe, pero conviene recordar que son muchas más las que fueron cayendo en distintas ramas de la actividad a lo largo de estos casi seis meses de ajuste brutal, expulsadas por la recesión, sin que a nadie se le moviera un pelo. Consignar esto no implica falta de solidaridad con quienes se ven arrojados a la intemperie o la informalidad, pero las aflicciones que se manifiestan tan estruendosamente por TextilCom contrastan con las indiferencias anteriores.
La explicación es muy simple: el cierre de la fábrica condensó en un solo acontecimiento el doloroso proceso que viene desplegándose desde diciembre, cuando el gobierno libertario decidió terminar con los dispositivos tendientes a sostener la actividad económica. Habrán sido ortopédicos, ineficientes para atacar las raíces de los problemas, pero su abrupta eliminación despojó a la crisis de atenuantes.
De tal modo, el cierre de TextilCom ofrece a la especulación política insumos que la dispersión de los otros incidentes no, con la ventaja adicional de que facilita desligar del episodio al Gobierno nacional bajo cuyo paraguas pretenden cobijarse tantos. Irresistible.
El problema, sin embargo, es mucho más complejo y exige un abordaje de similar calibre.
El miércoles se frustró la sesión de la Cámara de Diputados en la que iba a tratarse un proyecto de declaración confeccionado por el radicalismo para que el Gobierno “arbitre las herramientas necesarias de carácter urgente para una solución para las 130 familias de la empresa TextilCom”. El oficialismo no dio quórum.
El Gobierno, mientras tanto, asegura que hay inversores interesados en reactivar la fábrica y, a través de los Ministerios de Trabajo e Industria monitorea, que los despidos dispuestos se encuadren en las leyes y que la firma abone los sueldos que adeuda. Para este miércoles hay prevista una audiencia para que los propietarios de la empresa presenten un plan de pagos.
La lógica angustia de los despedidos no merece ser malversada en disputas facciosas. Tampoco parece recomendable, dados los antecedentes, precipitar salidas como las de la creación de sociedades del Estado, idea que comienza a sobrevolar como si no fueran suficiente prueba de su inconsistencia lo ocurrido con Agroindustria Pomán, que adquirió un emprendimiento privado que quebró, el frigorífico de Chumbicha, la bodega de Fiambalá o el PRODUCAT. Todos se convirtieron en agujeros negros presupuestarios hacia los que hay que derivar recursos que muy bien podrían servir para mejorar las condiciones para la inversión privada y financiar políticas sustentables.
La situación ya es suficientemente grave como para sumarles reacciones espasmódicas, demagogia y oportunismo.
