Con dos años de vigencia, las ventajas de la Comisión Evaluadora para la Selección de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial sobre el Consejo de la Magistratura son difíciles de negar, aunque en el ejercicio de sus funciones se han hecho evidentes flancos para su degradación que podrían subsanarse por vía legislativa.
El principal de ellos es el de los procedimientos a seguir cuando los concursos quedan desiertos, como ocurrió con el realizado para cubrir el cargo de Fiscal General. Ninguno de los cinco postulantes alcanzó el puntaje mínimo requerido, de modo que no pudo integrarse la terna que el organismo debe ofrecer para que el Poder Ejecutivo elija uno y eleve los pliegos al Senado.
Sea modesto el nivel de los concursantes o extrema la exigencia del tribunal que los evalúa, la situación deja el camino expedito para que el Gobernador proponga a quien quiera, aunque no haya participado del concurso.
Nótese la distorsión que esto supone en las metas de un instituto que fue creado con el fin teórico de reducir la gravitación facciosa en la configuración del Poder Judicial, en beneficio de una mayor influencia de la academia con la incorporación de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Catamarca.
Si ya es decepcionante que los concursantes no den la talla, qué puede esperarse cuando se postulan al criterio del Senado personas que ni siquiera se han presentado a la competencia, por desinterés o por tener conciencia de sus limitaciones.
Llama la atención que las críticas a esta situación no tengan correlatos legislativos para enmendarla. Podría establecerse por ley que sea obligatorio convocar a nuevos concursos, por ejemplo. O impedir que el Gobernador seleccione por afuera de la lista de concursantes.
Habrá, como es habitual cuando de Derecho se trata, interpretaciones para todo gusto y conveniencia, pero es precisamente el Parlamento el ámbito adecuado para dirimirlas mientras se aguardan condiciones políticas propicias para reformar la Constitución provincial.
La sacralización del Consejo de la Magistratura en que estriban los objetores de la Comisión esconde que, en realidad, con el antiguo método los márgenes a la discrecionalidad del Gobierno eran aún mayores y estaban sujetos únicamente a componendas políticas en las que el factor de la idoneidad era prescindible.
Ahora hay un examen que llevan adelante profesionales seleccionados con criterios académicos que hacen inverosímil suponer que vayan a prestarse a matufias de desertificación deliberada.
Cuando el concurso por el Juzgado Electoral y de Minas quedó desierto porque los aspirantes no habían conseguido pasar los exámenes, las especualciones sobre una operación tendiente a liberarle el casillero al criterio del Gobierno perdieron credibilidad en cuanto se advirtió el calibre profesional de los miembros del tribunal examinador: muy difícil que cualquiera de ellos arriesgara su prestigio para satisfacer antojos espurios.
Lo mismo puede decirse en este caso de la Fiscalía General. El examen estuvo a cargo de:
- María Luisa Piqué, especialista en Derecho Penal, magíster en Derecho, docente de Derecho Constitucional y de Garantías Constitucionales del Derecho Penal en Universidad Nacional de Buenos Aires y la Universidad de Palermo, titular de la Unidad Fiscal de Asistencia ante la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional.
- Alberto Binder: doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, profesor de Derecho Procesal Penal de Posgrado, fundador y presidente del Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y asesor de organismos de cooperación internacional en temas de reforma judicial.
- Carlos Baccini: fiscal General Interno del departamento Judicial de Lomas de Zamora, docente adjunto en la Cátedra de Derecho Penal Parte Especial en Universidad Nacional de Lomas de Zamora, docente Adjunto de Cátedra de Instituciones del Derecho Público en Universidad Nacional del Oeste. n
