En una actitud que puede caracterizarse como insólita, pero tal vez más como escandalosa, un juez prohibió la vacunación contra el Covid en menores, es decir, en la franja etaria que va de los seis meses a los 16 años. Lo hizo al conceder el recurso de amparo presentado por un abogado de Mar del Plata, de donde es también el cuestionado magistrado.
Al tomar la decisión, el juez Alfredo López se inmiscuye en cuestiones sanitarias muy delicadas y sin tener fundamentos de peso para hacerlo. Lo hace, además, en el contexto de una importante suba de casos de coronavirus en la provincia de Buenos Aires y en varias jurisdicciones de la Argentina.
El argumento del magistrado es que el Gobierno nacional no provee información suficiente sobre las vacunas destinadas a niñas, niños y adolescentes. “Resulta claro a mi entender, que la información puesta a disposición por la autoridad de aplicación no resulta suficiente, advirtiendo los actores presuntas irregularidades al momento de la inoculación, que no permitirían a la población -en el caso, a quienes ejercen la responsabilidad sobre los niños comprendidos en el colectivo- contar con toda la información oportuna y necesaria para evaluar la aplicación de las vacunas cuya distribución ha sido aprobada”, dice López en su fallo. Omite considerar el juez que las vacunas para ser inoculadas en chicos han recibido la aprobación de las autoridades sanitarias de la gran mayoría de los países del mundo y que además han demostrado gran eficacia y seguridad.
Para entender tal vez mejor el por qué de este disparate es bueno indagar quiénes son los perpetradores. El abogado que presentó el recurso de amparo fue secretario de Seguridad de la gestión del intendente de Cambiemos, Carlos Arroyo, y luego director de Seguridad de Mar Chiquita. Lo echaron de esa comuna por decir que “un boliviano curándose gratis en un hospital argentino es como llenarle el tanque al que te robó el auto”.
El juez López, mientras tanto, tiene algunos antecedentes que pintan su perfil polémico: se opuso el año pasado al pase sanitario y frenó en todo el país la ley de Interrupción Legal del Embarazo (IVE).
No es que un magistrado no pueda dictar un fallo sobre temas técnicos de otras áreas de competencias, pero si lo hace debe tener argumentos de peso fundado en opiniones de expertos. No es lo que sucede en este caso. El juez se atribuye a sí mismo, en consecuencia, una suerte de superpoder que ataca una política de Estado que está funcionando y que la mayoría de los ciudadanos valora y respeta, además de estar sustentada en estudios científicos que no merecen hasta el momento reproche alguno.
La Justicia carga con un desprestigio bien ganado en base a fallos arbitrarios, investigaciones negligentes o deficientes, complicidades con el poder político y el poder económico, sospechas constantes de corrupción, escasa capacitación en perspectiva de género y perspectiva de infancia, entre otras muchas falencias. La decisión del juez López suma un elemento más a la sucesión de desatinos que han convertido a la Justicia en una de las instituciones de más baja credibilidad en la Argentina.
