Con la ley que modifica la estructura orgánica del Poder Ejecutivo, cuyo proyecto fue enviado ayer a la Legislatura, el Gobierno busca resolver más las cuestiones políticas internas que las necesidades operativas, funcionales o técnicas de la gestión. Y otro tanto sucede con el cambio operado en el estratégico Ministerio de Minería, en el cual asumirá el diputado provincial Marcelo Murúa en reemplazo de Fernanda Ávila, quien ayer juró como nueva secretaria de Minería de la Nación.
El caso de Murúa es paradigmático en cuanto a la supremacía de la política sobre la idoneidad. Es ingeniero agrimensor y fue director de Catastro en el gobierno de Lucía Corpacci. Ingresó como diputado provincial hace dos años y aún le restan dos más de mandato, razón por la que pidió licencia para asumir al frente del ministerio vacante. En este tiempo su mayor vínculo con el área fue la Comisión de Minería de la Cámara baja, que preside y desde la cual, según dijo, acompañó “todas las actividades requeridas –desde el ministerio- para mejorar el desarrollo de la minería”. No se espera otra cosa de una comisión conducida por un oficialista.
Sin embargo, más que en minería, el mayor protagonismo de Murúa fue oficiar de hombre de choque del oficialismo contra la oposición. Un fervoroso replicador de cuanto cuestionamiento contra el Gobierno y el peronismo apareciera en escena. Y lo hacía más a través de partes de prensa que de declaraciones en vivo y en directo, quizás por lógicas razones de pulido discursivo. Más aún, hasta parecía competir con algunos de sus compañeros de bancada en la trinchera contestataria.
El nuevo rol que ocupará en la cartera de Minería respondería más a una presión interna en el frente oficialista que a una decisión inequívoca del Gobernador. De hecho, no es el perfil que se pretende para tratar con los inversores y los actores del sector. Pero son los costos inevitables de las alianzas de poder.
Se espera al menos que Murúa se adapte a la nueva función y deje a un lado el papel de conmilitón obsecuente e intolerante de la disidencia política. No es nada sencilla la misión que le toca asumir.
Por lo pronto, hay un dato tan llamativo como insoslayable: es la primera vez en muchos años que un cambio en Minería de la Provincia no recibe ninguna expresión institucional de la Cámara del sector. Tal vez se aguarde su asunción formal. Pero por ahora el silencio es elocuente.
En cuanto al nuevo organigrama, el Ejecutivo fusionó algunos organismos, desjerarquizó otros y creó un ministerio que parece tener nombre propio: Relaciones Internacionales, Logística y Transporte. Dicen textualmente los fundamentos de la nota de elevación del proyecto de ley a las cámaras:
“Se prevé la creación del Ministerio de Relaciones Internacionales, Logística y Transporte fundado en la necesidad de intensificar y agilizar las relaciones con otras instituciones públicas y privadas de la región que promuevan nuestra integración económica, comercial y cultural, priorizando la coordinación de acciones para la concreción del corredor bioceánico ferroviario que potenciará a la provincia a nivel internacional, puesto que su implementación es prioritaria para el desarrollo provincial y regional”.
Desde el punto de vista operativo, en esta y otras provincias son los jefes de Estado los que se encargan de los vínculos internacionales propiamente dichos, y a lo sumo las tareas específicas quedan a cargo de funcionarios de segunda o tercera línea, como las redacciones de convenios y los asuntos protocolares.
En realidad, lo que hay que indagar no es la justificación formal de la nueva estructura, sino la política. Según trascendió, en ese ministerio sería designado el santamariano Raúl Chico, quien acaba de concluir su mandato como senador provincial.
Al igual que Murúa, el nombre de Chico no surgió estrictamente de Casa de Gobierno sino que habría sido “propuesto” desde el kirchnerismo nacional. No obstante, aún resta su confirmación.
