Mientras se investiga el trágico episodio de la cocaína adulterada, que causó al menos 24 muertos, debates relacionados con la devastadora presencia de la droga en la sociedad vuelven a emerger, espasmódicamente y al ritmo de los acontecimientos, a la superficie de la consideración pública. Uno de ellos es respecto de la legalización de algunas drogas actualmente prohibidas, y otro en relación con la despenalización del consumo.
Ambos suelen confundirse, pero es preciso establecer diferencias, que son sustanciales. La despenalización del consumo implica adoptar una mirada de la problemática desde la salud pública y apunta a no criminalizar al consumidor sino a los narcotraficantes. Si bien un grupo de diputados nacionales del oficialismo acaba de presentar un proyecto de ley en ese sentido, lo cierto es que ya existe jurisprudencia que avala esta pretensión: el denominado fallo Arriola, de la Corte Suprema de Justicia, que fue dictado en agosto de 2009, que declara la inconstitucionalidad del artículo 14, segundo párrafo, de la ley 23737 de estupefacientes. De esta manera, la Corte señala que no se puede castigar el consumo personal en el ámbito privado.
La legalización de algunas drogas, en cambio, no se refiere solamente al consumo sino también a la producción y a la venta, según estrictas regulaciones. Es el caso de la marihuana, no solo para fines medicinales sino también recreativos, en varios países del mundo, por ejemplo Uruguay, el más cercano. En el vecino país la legalizó en 2013 y se vende en farmacias. Los consumidores pueden comprar hasta 40 gramos por mes, y los ciudadanos residentes en el país pueden registrase como cultivadores, para cultivar hasta 480 gramos por persona cada año.
Quienes están a favor de la legalización entienden que es una manera eficaz de terminar con el gran negocio del narcotráfico, que necesita de la ilegalidad para lograr rentabilidades asombrosas. Consideran, además, que el paradigma prohibicionistas fracasó en todo el mundo del mismo modo que la política de guerra abierta contra el narcotráfico.
Pero si en el caso del cannabis puede ser razonablemente objeto de debate, en el caso de drogas más duras, como la cocaína, no hay antecedentes en el mundo aún de una política de estas características, sobre todo por la peligrosidad que trae aparejada su consumo.
En temas tan complejos, con tantas aristas y de alta sensibilidad social, lo más aconsejable es dar el debate progresivamente. Hay un alto consenso social, y jurisprudencia que lo avala, respecto de la no criminalización del consumidor: el adicto no es un delincuente, sino una persona enferma que el Estado debe socorrer.
Después vendrá el tiempo de debatir la legalización o no de las drogas blandas, analizando las experiencias de otros países, sus luces y sus sombras. Siempre como deben ser los debates de este tenor: sin prejuicios y en profundidad.