Sin miedo: "Si el obispo Urbanc no da la cara, vamos a ir a su misa"
Familiares y allegados de víctimas de abusos sexuales eclesiásticos marcharon por las calles céntricas.
“Se perdió el miedo. Vamos a seguir haciendo marchas y a seguir insistiendo” en el pedido de justicia, expresó la pareja de uno de los denunciantes del sacerdote Eduardo López Márquez. El cura fue imputado por varios hechos de abuso y una segunda denuncia continúa en trámite. Ayer, familiares y allegados de víctimas de abusos sexuales eclesiásticos marcharon por las calles céntricas. Primero se manifestaron frente a la Corte de Justicia, luego tomaron por calle Maipú hasta San Martín para llegar hasta el Obispado. Allí continuaron con su reclamo.
“Basta de impunidad… Basta de dilatar todo esto. Vamos a juicio”, expresó a viva voz la mujer. “Si el obispo (Luis) Urbanc no da la cara, vamos a ir a su misa, que se haga presente”, exclamó.
El pedido de las víctimas se repite como un eco; buscan que las escuchen y que se haga justicia. Días pasados pidieron ser recibidas por el primer mandatario, pero, por cuestiones de agenda, el encuentro no pudo concretarse. “Basta de la unión del Estado y la Iglesia. Vamos a seguir insistiendo en el pedido de justicia, sobre todo por las víctimas. El daño de ellos es un pesar de todos los días. Va a ser un alivio que este abusador pague la condena como tiene que ser. Aquel niño que haya sido abusado en el tiempo que él anduvo en el interior, que se anime. Sé que no es fácil. Nosotros también teníamos miedo; hoy estamos agradecidos por el apoyo”, dijo.
Sin respuesta
Días pasados, las víctimas y la Red de Sobrevivientes de Abusos Sexuales Eclesiásticos se reunieron con legisladores de la Cámara de Diputados. En la oportunidad, presentaron un documento y un petitorio. Como primera medida, solicitaban modificar el artículo 4 de la Constitución Provincial. Éste estipula que “el Gobierno de la Provincia protegerá el Culto Católico Apostólico Romano, sin perjuicio de la tolerancia de cultos garantizada por la Constitución Nacional”. “No estamos en contra de la fe de nadie. Al contrario, pensamos que el monopolio de la fe construido por las religiones no contribuye a la libertad de las personas y las instituciones establecidas en cualquier parte del mundo”, se había aclarado en el documento presentado.
También solicitaron que se consideren los abusos eclesiásticos como crímenes de lesa humanidad, lo que implicaría que estos graves delitos serían imprescriptibles. No obstante, se aclaró que este tema es de competencia federal. El tercer ítem contempla establecer una protección real y concreta a las víctimas y sobrevivientes de abusos eclesiásticos en Catamarca mediante la creación de un programa de ayuda económica integral. Según se precisó, este programa podría ser solicitado y activado de inmediato al momento de realizar la denuncia y que se sostenga durante y después del proceso judicial. A tal fin, es importante que “contemple los gastos específicos requeridos para un tratamiento adecuado con los profesionales de la salud mental; la compra de sus medicamentos y su atención integral y el pago de profesionales del Derecho para tener un juicio justo e igualitario en cada causa. Ya que los sacerdotes denunciados se han dado el lujo de cambiar hasta siete veces de abogados y todos ellos pagados bajo esa ‘protección’ expresada en el artículo cuarto, precedentemente mencionado”, se había detallado.
Al respecto, aún no hay una respuesta. “Sabemos que va a ser favorable”, estimó la pareja del denunciante.
Ensotanados acusados
En Catamarca, hasta el momento, cuatro sacerdotes fueron denunciados e imputados por delitos contra la integridad sexual.
Las víctimas son niños, niñas y adolescentes. Un quinto sacerdote fue sindicado pero falleció meses antes de la denuncia, por lo que no llegó a ser imputado.
En 2014, Renato Rasgido fue el primer cura denunciado, en Andalgalá. Por estos hechos, oportunamente fue imputado por “abuso sexual simple agravado en concurso ideal con corrupción de menores" y dos hechos de "abuso sexual con acceso carnal agravado en concurso ideal con corrupción de menores", ambos “agravados por su condición de ministro de un culto religioso”. En diciembre se realizaría su juicio.
Juan de Dios Gutiérrez fue denunciado en octubre de 2015 en Belén. En abril de 2021, la Cámara de Sentencia en lo Criminal de Tercera Nominación lo halló culpable por el delito de "abuso sexual con acceso carnal agravado por ser ministro de un culto religioso". Fue condenado a 12 años de prisión.
Moisés Pachado fue denunciado a finales de 2018 en el marco del denominado “Efecto Thelma”. Una mujer denunció al sacerdote por haber abusado sexualmente de ella cuando era una niña.
En 2020, la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos declaró que los delitos contra la integridad sexual de niños y niñas no prescriben. Sin embargo, falleció a mediados del año pasado.
Eduardo López Márquez fue denunciado a finales de 2021 por abusos contra un niño.n
