Las consideraciones del juez federal Miguel Ángel Contreras sobre la necesidad de evaluar la representatividad real de los partidos políticos se inscriben en una polémica concreta: el fabuloso negocio que se ha montado aprovechando que la ley PASO obliga al Estado nacional a pagarle la impresión de votos por una cantidad equivalente a la totalidad del padrón electoral a cualquier fuerza que presente candidatos, con el agregado posterior, vía fallo de la Suprema Corte, de que también debe desembolsar la misma cifra por cada sublema que participe de las PASO.
Esto significa que si un partido o alianza presenta un precandidato a presidente tiene derecho a los millones de pesos que cuesta imprimir 34,5 millones de boletas –la cantidad de electores en estos comicios-; si tiene dos, para 79 millones de boletas y así sucesivamente. También tiene derecho a que le financien los votos de diputados y senadores nacionales y de miembros del Parlasur, en la cantidad correspondiente al distrito donde los postule.
Al amparo de este sistema, proliferaron agrupaciones armadas por personajes que reciben las fortunas destinadas en teoría a pagar la impresión de votos, imprimen solo los que tienen que meter en la urnas para cumplir con la Justicia Electoral y se guardan el resto de la plata. La monstruosa cantidad de votos y las ramificaciones del curro hacen imposible fiscalizar que el dinero se use efectivamente para la impresión.
Se trata de un fraude perpetrado al amparo de la ley Electoral y, si bien se mira, ponerle coto no demandaría más trámite que reformar la norma y establecer criterios diferentes para el financiamiento de la impresión, que suplanten el número total de empadronados.
El problema no es la cantidad de partidos políticos, sino que entre esos partidos hay organizaciones dedicadas exclusivamente a la comercialización de sus prerrogativas y a negocios como este de la impresión. Sellos fantasma, carentes de toda representatividad, que solo sirven a los intereses de sus propietarios y que no fortalecen la democracia sino todo lo contrario: la fragmentan y la malversan.
Esa es la discusión que debería abordarse. El sistema de primarias, una herramienta valiosa para que la ciudadanía intervenga en la configuración de la oferta electoral, es aprovechado por malandrines sin más bandera que la propia para hacer pingües fortunas en cada turno electoral.
Las maniobras fueron reveladas en un informe de la organización Ruido y la Fundación Connectas que El Ancasti reprodujo. En estas PASO el Estado pagó la impresión de 3.744 millones de votos para 1.818 listas nacionales con 24.144 candidatos a la Presidencia, el Congreso y el Parlasur. 106 votos por elector, 10.931 millones votos requerido para competir en la general.
El senador nacional y candidato a gobernador Flavio Fama y la diputada provincial Adriana Díaz descontextualizaron las declaraciones de Contreras para cambiar el eje del debate. Para ambos, poner en duda la representatividad de algunos partidos implica un ataque a la pluralidad del sistema democrático.
¿Y el negocio de las impresiones qué vendría a ser? Sobre eso no han dicho una sola palabra.
Unos días antes de las PASO, la presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira Rubio, señaló que “la razón de esta proliferación de partidos y listas es muy sencilla: un muy lucrativo negocio”.
Después de las PASO, el juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, comunicó a la Cámara Nacional Electoral una advertencia sobre la proliferación de listas internas “con escaso margen de representatividad”.
La Cámara Nacional Electoral le pidió al Congreso Nacional que modifique la normativa de financiamiento de los partidos políticos, para que se baje el gasto público en la impresión de votos.
Pero para Fama y Díaz, que son legisladores, el problema es el juez Contreras.
