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Cara y Cruz

Seguridad para el interior

Con las repercusiones por el femicidio de Cinthia Aranda a manos del sargento de...

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2 de marzo de 2022 - 02:15

Con las repercusiones por el femicidio de Cinthia Aranda a manos del sargento de policía Diego Ortega ardiendo, la localidad de Saujil, en el departamento Pomán vuelve a ganar los titulares por otro policía violento.

Ariel Muzevitch, de 39 años, es sargento primero y está en situación de disponibilidad, con el arma reglamentaria retenida. Un video que registró conductas violentas hacia su expareja alertó a los equipos de contención multidisciplinarios y al programa de detección temprana de casos de violencia dependiente del Ministerio de Seguridad de la Provincia y permitió su aprehensión de oficio antes de que las cosas pasaran a mayores.

Muzetich fue puesto a disposición de la Fiscalía de Andalgalá y la damnificada, que también es policía, invitada a radicar la denuncia correspondiente.

En Tinogasta, el cabo primero Raúl Silva fue denunciado por su expareja, también policía, por golpes, amenazas de muerte y extorsión (ver página 6).

Bien por la celeridad del sistema preventivo del área de seguridad, aunque deba consignarse que la conmoción que desató en Saujil el femicidio de Cinthia tiene a toda la comunidad atenta a cualquier señal de peligro. El video detonó la reacción oficial.

La sucesión induce a especular sobre un fenómeno de orden geográfico ¿Qué pasará en Saujil, que en tan poco tiempo se apilaron dos episodios de violencia de género protagonizados por miembros de las fuerzas de seguridad?

Sin embargo, una perspectiva más amplia refuerza la impresión de que es necesario que la Policía avance en una revisión profunda no solo de la formación de sus cuadros y los mecanismos establecidos para progresar en la carrera policial, sino también en los sistemas de seguimiento a quienes estén bajo sospecha por violentos mientras se sustancian los procesos judiciales y administrativos pertinentes.

En este sentido, pareciera que es en el interior de la provincia donde debería ponerse mayor atención.

La militancia del movimiento feminista no solo ha llevado a la problemática de la violencia de género a la cima de la agenda pública sino que la ha hecho más compleja, con la permanente incorporación de nuevas aristas para abordar. El impacto social de las transformaciones es, sin embargo, muy desparejo: más extenso e intenso en los centros urbanos, se demora en las poblaciones más chicas y alejadas de ellos.

Esta asimetría pudo comprobarse, por ejemplo, en casos como el del exintendente de Puerta de Corral Quemado Enrique del Carmen Aybar, condenado por abuso, o el de los sacerdotes Juan de Dios Gutiérrez, Renato Rasgido y Moisés Pachado. Quienes denunciaron los ultrajes tuvieron que atravesar calvarios adicionales por la indiferencia y los repudios que recibieron por parte de sus comunidades que se solidarizaron con los abusadores.

El poder que de por sí tiene un policía es todavía mayor en el interior provincial. El femicidio de Cinthia fue dramáticamente ilustrativo también en ese sentido: el Juzgado de Familia de Andalgalá demoró estudios socioambientales y de dinámica intrafamiliar que hubieran sido claves para tomar medidas tendientes a prevenir el desenlace fatal.

No es descabellado pensar que Muzetich fue detenido a tiempo porque integrantes de la comunidad saujilense, brutalmente esclarecidos por la muerte de una vecina, advirtieron alcances de la violencia que acaso no hubieran tenido en cuenta de no mediar un crimen tan cercano en el tiempo.

La cartera de Seguridad y la cúpula policial, que sensatamente repusieron las evaluaciones psicológicas que habían sido suspendidas hace diez años, quizás podrían contemplar la posibilidad de hacer un relevamiento de los efectivos involucrados en hechos de violencia y la situación en que se encuentran los expedientes internos y judiciales. No para iniciar cazas de brujas, sino para hacer un diagnóstico y mejorar las políticas al respecto, en resguardo de la sociedad.

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