sábado 18 de mayo de 2024
Se consideró una sanción arbitraria

Se planteó una nulidad por el Club Social 25 de Agosto

El presidente de la institución, Arturo Navarro, advirtió que la intervención es una sanción arbitraria.

Tras la resolución de la Dirección Provincial de Inspección de Personas Jurídicas del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de designar una comisión normalizadora para el Club Social 25 de Agosto, se realizó un planteo de nulidad. La presentación la hizo Arturo Navarro, presidente de la intervenida institución, quien consideró que hubo presuntas irregularidades.

Esta comisión normalizadora está integrada por Luis Xavier Alfonso Batalla y Luciana María Luna Aguirre, y ejercerá por el término de 30 días. En este marco, se podrán realizar todos los actos necesarios para la normalización de la entidad, encontrándose facultada para solicitar y requerir los libros y bienes y toda la documentación referida a la asociación, entre otras cuestiones.

No obstante, Navarro habría reconocido que la resolución no referiría expresamente a una intervención pero las medidas resueltas así lo estipulan. Por ello, consideró que la resolución es una sanción sumamente arbitraria. A la vez, remarcó que no habría tenido la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa. También indicó que las sanciones que se podrían aplicar en este tipo de circunstancias podrían ser: llamados de atención, multas, apercibimientos o la quita de personería jurídica.

La Dirección resolvió la medida tras haberse advertido un presunto atentando contra el orden público, más aún existiendo violencia de género contra las trabajadoras del Bar Caravati. Por ello, consideró que se debe dar cumplimiento, sea por parte de esta Dirección como de otro organismo administrativo como judicial, a lo estipulado en la Ley 26485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.

Al respecto, Navarro no habría sido puesto en conocimiento debidamente sobre tales denuncias. Por esta razón, indicó que se haya en una situación de indefensión.

Intereses

A mediados del año pasado se inició el conflicto entre la comisión directiva del Club Social 25 de Agosto, presidida por Arturo Navarro, y el concesionario del Bar Caravati –que funciona en las instalaciones de esta institución- Esteban Cano. Oportunamente se denunció que se organizarían juegos clandestinos. En consecuencia, desde la Fiscalía de Instrucción interviniente se enviaron oficios al Casino, habida cuenta de que habría mesas y juegos que deben contar con una habilitación. En este sentido, Navarro comentó que los juegos de naipes sucedieron entre los socios puertas adentro del Club. Es decir, en un espacio cerrado y privado. Lo comparó con “jugar una partida de truco con familiares y amigos”.

El conflicto se habría originado por intereses en el marco de la renovación del contrato de alquiler. A finales de agosto último, Cano denunció una maniobra malintencionada por parte de Navarro. También había pedido la intervención de organismos estatales para solucionar el conflicto y la intervención del resto de los “socios dignos”. Además, negó que la situación se trate de un inconveniente económico de la empresa.

Navarro salió al cruce del empresario y aseguró que Cano no tuvo intención de renovar el contrato. Añadió que la decisión de rescindir el contrato se tomó en asamblea de socios y garantizó que los empleados no perderán su fuente de trabajo ya que la condición para el nuevo inquilino será que absorba a la gente. n

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