Entre el 11 y el 13 de marzo se desarrollarán las jornadas de audiencia. El magistrado multifuero de Belén cuenta con dos sanciones, una en 2021 y otra en 2024.
El juicio político para el juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de Familia de la Tercera Circunscripción Judicial, con asiento en Belén, Miguel Ángel Aybar ya tiene fecha. El Tribunal de Enjuiciamiento fijó para el 11 de marzo la audiencia de apertura. Se estima que el jury se desarrollará durante dos jornadas más, entre el 12 y 13, respectivamente. El magistrado belicho fue cuestionado por retardo judicial reiterado.
El proceso se inició a principios de octubre del año pasado, por decisión de la Corte en pleno, tras haber recibido informes de la Sala de Sumarios. Al respecto, se indicó que el magistrado cuenta con dos sanciones resueltas por esta Sala. Tales corresponden a septiembre de 2021 y marzo de 2024. Se lo habría sancionado con descuento en sus haberes dos veces. Sin embargo, pese a ello, habría continuado acumulando expedientes sin resolver.
Además, los informes remitidos por la Secretaría de Planeamiento dieron cuenta que la “dinámica en materia de resoluciones definitivas no ha evolucionado de manera favorable durante el corriente año”. Por ello, se resolvió elevar el expediente al jury, a los efectos de analizar si corresponde iniciar un proceso.
Días después, el juez presentó su descargo y se corrió vista al fiscal del jury, a efectos de emitir su dictamen. A finales de noviembre, se abrió el proceso. Tanto el fiscal del Tribunal de Enjuiciamiento como la defensa tienen un plazo de 70 días hábiles para reunir la prueba pertinente. En la última reunión, se fijó fecha para mediados de marzo.
Según la Acordada Nº 4553, del 20 de diciembre de 2023, la Corte de Justicia había designado para que actúen ante el Tribunal, por el período 2024, al fiscal Augusto Barros como fiscal titular. También se designó a la defensora Penal Oficial Florencia Laura González Pinto como defensora titular. En tanto que el Tribunal está integrado por el presidente de la Corte Hernán Martel, el senador Augusto César Ojeda, los diputados Damián Rubén Brizuela y Carlos Antonio Marsilli y los abogados del foro local, María Cecilia Martin y Federico Guillermo Pague.
El Poder Judicial de Catamarca cuenta con un régimen disciplinario propio, en el que se establecen reglas éticas sobre la función del ejercicio del cargo y las atribuciones y deberes en la función pública, entre otras cuestiones. Los ‘castigos’ van de menor a mayor: el apercibimiento, la multa –hasta el 20 % del sueldo-, la suspensión del goce de haberes hasta 60 días, la cesantía y la exoneración.
