La jueza de Control de Garantías de la Segunda Circunscripción Judicial, confirmó la detención al funcionario de la Municipalidad de Saujil, acusado por un delito contra la propiedad. El imputado, de apellido Carrión, debe responder, en primer término, por “abuso sexual gravemente ultrajante”. Si bien sumó una segunda denuncia, con otra niña como víctima, aún no fue acusado.
La investigación está a cargo del fiscal Martín Camps. Fuentes consultadas por El Ancasti indicaron que se continuará con la realización de pericias y la toma de testimonios, a fin de avanzar en la producción de prueba. Con relación a la segunda denuncia, se recibió el testimonio de la víctima. No obstante, por el momento no fue debidamente imputado, debido a que falta producir prueba.
De acuerdo con el testimonio de la primera víctima, se advirtió que podría haber otras víctimas, debido a que el imputado tenía contacto con otros niños. Durante la indagatoria, el acusado –asistido por un abogado particular- decidió mantenerse en silencio. En ambos casos, la declaración de las víctimas –dos niñas pequeñas- resulta fundamental. Si bien, debieran realizarse en Cámara Gesell, como la Segunda Circunscripción Judicial no cuenta con este dispositivo –al respecto se están realizando las gestiones pertinentes, se aclaró-, las niñas tienen una entrevista con una psicóloga.
La noticia de los abusos causó conmoción en la comunidad de Saujil, Pomán. El martes por la mañana se realizó una marcha masiva en esta localidad.
La denuncia penal se radicó el sábado último. Entre las primeras medidas, el fiscal Camps ordenó el arresto del sindicado en averiguación del hecho. Dada la gravedad de la denuncia, la Municipalidad de Saujil –cuyo intendente es Lucas Carrazana, decidió apartarlo de sus funciones. Sin embargo, se aclaró que esta situación “sólo podrá variar si cambia su situación procesal”, de acuerdo con un comunicado oficial emitido por el municipio.
Tras una modificación en el artículo 72 del Código Penal Argentino (CPA) se convierte en carácter de orden público los delitos sexuales contra chicos y chicas. Así, la acción ante la Justicia podrá ser iniciada por cualquier persona y el Estado estará obligado a llevar adelante las investigaciones correspondientes. Es decir, se elimina el requisito de la denuncia de los representantes legales del niño, niña o adolescente como condición para proceder.