En diciembre de 2009, el Congreso sancionó la ley de "Democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral" que creó el sistema de Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO)...
En diciembre de 2009, el Congreso sancionó la ley de “Democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral” que creó el sistema de Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) para definir los candidatos nacionales. El método fue impulsado por un indignado Néstor Kirchner, que atribuía a los intendentes del Conurbano bonaerense maniobras de corte de boleta que le habían hecho perder las elecciones como diputado nacional a manos de Francisco de Narváez y suponía que las primarias impedirían defecciones similares en el futuro.
La eficacia de la ley para neutralizar traiciones no es tan clara como su contribución cultural: sumó a las entrañables tradiciones de la picaresca política criolla el fabuloso negocio de la impresión de votos, al imponerle al Estado nacional la obligación de pagarle a cualquier partido que pretendiera participar de las elecciones, por insignificante que sea, la impresión de una boleta por cada integrante del padrón electoral.
Esto implicó, para 2023, casi 35.400 millones de boletas por cada alianza o partido que se presentó en las PASO. Fueron 3.744 millones de votos para 1.818 listas nacionales con 24.144 candidatos a la Presidencia, el Congreso y el Parlasur.
106 votos por elector y una cifra sideral, 10.931 millones de pesos, de la que se desagrega un detalle delicioso: el 75% de la suma -$8.600 millones- fue engullido por agrupaciones que no alcanzaron en la primaria el piso de votos requerido para competir.
Los datos fueron difundidos en un informe de la Ruido.org y la fundación Connectas, parte del cual se reproduce en la edición de hoy de este diario.
El informe consigna que es imposible controlar que las fortunas derivadas a los partidos y alianzas se use en efecto para imprimir los votos y que la devolución de los eventuales remanentes queda librada prácticamente a la buena voluntad de las autoridades partidarias.
Los beneficiarios de semejante ganga solo tienen que cumplir con un requisito: proveer 50 votos por urna.
Con los votos que deberían haberse imprimido de acuerdo al desembolso, podría cubrirse una superficie equivalente a la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 142,2 kilómetros cuadrados.
“Para dar un ejemplo del descontrol que representa el sistema electoral argentino: en el tramo presidencial, el único que se vota en todo el país, participaron 27 listas de precandidatos (solo cinco pasaron a las generales). Recibieron financiamiento público para imprimir las boletas del tramo presidencial por 2.714,6 millones de pesos (4,5 millones de dólares), monto con el cual debieron haber impreso 929,6 millones de boletas para todo el país. Una cifra físicamente imposible de colocar en los espacios dispuestos para votar en las escuelas”, señala el informe.
La puerta para que el negocio avanzara al paroxismo se abrió en julio de 2015, cuando el frente UNEN, que lideraba Elisa Carrió, consiguió mediante una acción de amparo que la Corte Suprema de Justicia obligara al Estado nacional a financiar la impresión de los votos de cada una de las listas que participaban de la interna de esa fuerza.
El extinto Carlos Fayt, en disidencia, advirtió profético que “la pulverización de la representación se vería alentada de otorgarse a cada lista los recursos que la ley concede a toda la agrupación política”.
Lourdes Lodi, integrante de la Red Federal de Investigadores Electorales de CIPPEC, le dijo a Ruido que “el problema no es que el negocio (de la impresión de boletas) se da en los márgenes o por fuera de la ley, sino que está dentro de la ley; es la propia ley la que habilita el negocio”.
Esto, agregó, también motiva a la atomización de la oferta electoral que provoca “desconcierto y apatía” en el electorado, con “partidos generados ad hoc, días antes del cierre de listas, gracias a leyes electorales de bajos requisitos”.
