La discusión por los dispositivos más adecuados para conformar el Poder Judicial, reactivada por la lamentable deriva de la investigación del crimen del ministro de Desarrollo Social Juan Carlos Rojas, se clausura con dos sacralizaciones incompatibles. La oposición sacraliza por su lado el derogado Consejo de la Magistratura y aboga por su restitución, como si la Justicia construida bajo su imperio hubiera sido un dechado de virtudes; a su turno, el oficialismo sacraliza la Comisión Evaluadora, con el muy discutible argumento de que erradicó la política facciosa del procedimiento de selección de jueces y fiscales para suplantarla por criterios académicos cuya pureza garantizaría la UNCA.
Ambas posiciones se neutralizan mutuamente, en una suerte de polarización estéril que omite la gravitación del factor humano: cualquier sistema, por infalible que se lo postule o suponga, puede ser manipulado. La sabiduría popular resume esto en el axioma “hecha la ley, hecha la trampa”.
Los dos años y pico que lleva de ejercicio la Comisión Evaluadora han expuesto con nitidez cuál es la trampa: si del concurso no surge una terna de candidatos para que el Gobernador elija cuál propondrá al Senado, el camino queda inmediatamente expedito a la arbitrariedad del dedo, que ni siquiera está obligado a seleccionar entre los que participaron de las pruebas.
La inexistencia de terna puede darse porque el concurso queda desierto a raíz de que ninguno de los concursantes alcanzó los puntajes mínimos requeridos, pero también porque solo uno logró aprobar y no es posible integrarla. También podría ocurrir que dos miembros de una terna renuncien para tratar de evitar que el tercero sea elegido si el Gobernador no quiere.
Nótese que existe la posibilidad de que un sujeto alcance el máximo puntaje posible, pero se quede sin chances, o librado a la buena voluntad del mandatario, debido a que ninguno de sus contendientes logró aprobar. Catamarca podría perder el privilegio de tener como juez al mismísimo rey Salomón redivivo debido a esto.
Es curioso que no se intente legislar al respecto para limitar las prerrogativas del Poder Ejecutivo.
Se podría, por ejemplo, establecer por ley la obligatoriedad de celebrar concursos adicionales en caso de que el primero se malogre. O que las compulsas no puedan declararse desiertas y la Comisión deba elevar una terna para que el Gobernador elija indefectiblemente, compuesta por quienes obtuvieron los mejores puntajes, hayan o no alcanzado los mínimos.
Que tales cambios pudieran tener efectos negativos en la calidad del servicio de Justicia es un temor a esta altura del partido menos preocupante que cómico: el rigor académico en los concursos, que la oposición califica como “pelotones de fusilamiento”, no ha tenido como consecuencia la elevación de la vara, sino todo lo contrario.
El asunto es que la Comisión Evaluadora, como cualquier método, es perfectible y que no es preciso retornar al tan dorado como inexistente tiempo del Consejo de la Magistratura, cuyos nefastos resultados están a la vista tanto en el orden provincial como nacional.
Bastaría con introducir cambios cuya conveniencia se cae de madura para restringir las posibilidades de que el Gobierno designe a quien se le antoje. Las supuestas maniobras tendientes a desertificar concursos se tornarían también mucho más arduas si el proceso no acabara en el primero que se cae.
Tal vez ahora que el Gobernador Raúl Jalil ha anunciado otra reforma judicial, que elevaría criterio de la Legislatura el mes que viene, en sesiones extraordinarias, sea el momento propicio para revisar y tratar de mejorar el sistema. Con la participación, obvio, de la Justicia, que debe ser la más interesada en comenzar a revertir su devaluada imagen.n
