Rotundo giro en el CD de Andalgalá en la posición minera
En 2016, el CD prohibió la actividad minera a través de una ordenanza. La Corte declaró la inconstitucionalidad y el intendente Eduardo Córdoba casó la sentencia. El Concejo actual cambió el enfoque.
El miércoles último se produjo un giro histórico en el Concejo Deliberante de Andalgalá en relación con la posición minera. Por unanimidad, el cuerpo dispuso el archivo de un proyecto que prohibía en todo el ámbito territorial de Campo Grande, en el distrito de Choya, toda actividad minera correspondiente a cualquiera de las diferentes etapas de desarrollo. Una posición diametralmente opuesta a la que había tomado el Concejo Deliberante en septiembre de 2016, en la gestión del exintendente Alejandro Páez, cuando prohibió la actividad minera.
El 8 de septiembre de 2016, el Concejo Deliberante de Andalgalá aprobó por unanimidad una ordenanza que prohibía la minería a cielo abierto en la cuenca del río Andalgalá. La medida generó sorpresa por el voto positivo que dieron al proyecto los tres concejales que pertenecían al FV, Gustavo Álvarez, Roberto Nemer y Juan Guerrero, que era reconocidos como "promineros". Además, habían votado a favor los ediles José Luis Olás, Carlos Sánchez, José Luis Cativa e Ivana Flores, que respondían al exintendente de Andalgalá, Alejandro Páez (UCR).
En aquel momento la empresa minera recurre a la Corte de Justicia y en diciembre de 2020, cuatro años después, declara la inconstitucionalidad de esa ordenanza. Para aquel entonces, Eduardo Córdoba había asumido la intendencia de Andalgalá y siguió la misma línea que su antecesor ya que el municipio casó la sentencia de la Corte de Justicia de Catamarca y recurrió al máximo tribunal de Justicia del país.
En marzo de este año vecinos denunciaron inconvenientes en la calidad del agua y lo atribuyeron al arrastre de volúmenes de escombros y áridos que, según denunciaban, eran arrojados a los lechos de los ríos, arroyos y vertientes por la empresa que explota el proyecto MARA. En abril presentaron el proyecto de ordenanza. En aquel momento, el jefe comunal respaldó el planteo que realizaban los vecinos de Choya y fue duramente cuestionado por el Gobierno provincial.
En agosto, el gobernador viajó a Andalgalá, se reunió con el intendente Córdoba y comenzó un proceso de diálogo. El último acto fue la decisión unánime del cuerpo de mandar a archivo el proyecto que prohibía la actividad minera en la zona de Campo Grande.
La iniciativa tuvo el respaldo de los concejales del riñón de Córdoba: María Pía Molina, presidenta del CD; Agustín Brizuela, Alejandro Castro, Marcela Ignes. A ellos se sumaron Ángel Santillán, Analía Zamorano y María Laura Atencio.
El giro histórico también está dado en los fundamentos para rechazar el proyecto ya que contempla que la ordenanza puede declararse inconstitucional como dijo la Corte. El primer dictamen fue de Horacio Vicente Molina, asesor legal del Concejo Deliberante, quien expresa: "Un problema pasajero, supuestamente ocurrido por la apertura de una huella minera, no puede tener como consecuencia la prohibición de la actividad minera. Por más que nos preocupe la situación del proyecto MARA, su prohibición por este fundamento acarrearía inmediatamente la declaración de nulidad judicial por falta de motivación del acto administrativo", señala.
"Tal vez la redacción (de la ordenanza) debería haber sido más protectora del medio ambiente que prohibitiva de la actividad en sí. Una ordenanza así legislada sería presa fácil de la Justicia para decretar su inconstitucionalidad y nulidad", indica.
La Comisión de Minería se pronunció en el mismo sentido y luego lo hizo el cuerpo en forma unánime.n
