miércoles 29 de junio de 2022

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Cara y Cruz

Río revuelto, mecha encendida

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19 de mayo de 2022 - 01:05

La causa abierta contra el abogado Bruno Jerez por incitación a la violencia colectiva y defraudación con pretexto de supuesta remuneración a funcionarios públicos condensa una situación social potencialmente explosiva, a cuya configuración contribuyeron diversos factores.

La confusa deriva de los expedientes que se desarrollan en el fuero federal por las estafas piramidales es el insumo ideal para pescadores dispuestos a sacar partido del río revuelto. El lerdo desempeño de los federales catamarqueños se hizo muy ostensible en contraste con la celeridad de la fiscal de Delitos Especiales de Córdoba, Valeria Rissi, y los resultados obtenidos en apenas dos semanas por el juez federal santiagueño Sebastián Argibay, que subroga a su par local Miguel Contreras en la causa de RT Inversiones.

Esta diferencia de ritmos, que los magistrados no atinan a explicar satisfactoriamente, abona especulaciones entre las que sobresale por su peligrosidad la de la connivencia con los encartados.

Que se le atribuya a Jerez haber solicitado dinero a un cliente para pagarle al fiscal surge precisamente de esa hipótesis. Obviamente, el abogado niega la acusación, pero conviene profundizar más allá de lo que, en definitiva, será establecido por una investigación que a la Justicia Federal, a la defensiva, le interesa particularmente definir rápido. Una pena que no mostrara ejecutividad similar en el caso de las estafas.

Los federales no han vertido reproche alguno sobre maniobras que varios abogados metidos en las causas despliegan con el evidente propósito de capturar clientes o alimentar las mistificaciones de sus defendidos. Estas maniobras coinciden en estimular expectativas de recuperación inmediata del dinero estafado, de cumplimiento al menos complejo, ya que se está investigando lavado de activos.

En tal marco, es verosímil que algún profesional del derecho alegue tener tratos preferenciales o comerciales con los pesquisas para acelerar los trámites, cosa que resultaría difícil de sostener si el Juzgado Federal aclarara de qué manera se llevaría adelante el hipotético procedimiento.

Lucas Retamozo, abogado de Bacchiani, se permitió por ejemplo establecer un orden de prioridades para que su cliente abone en caso de que le permitieran acceder de nuevos a sus herramientas informáticas, y resultó ser que, tras ocho días de prisión domiciliaria, lo único que se determinó es que la plataforma Binance no larga un dólar.

La otra táctica leguleya, ya extrajurídica, es la de promover las movilizaciones y hacer terrorismo verbal. Jerez dijo que entre los ahorristas defraudados hay personas que quieren suicidarse y otras con intenciones de matar a los estafadores. Después de tan prudentes manifestaciones, instó a trabajar para no llegar a extremos tan dramáticos, y unas horas más tarde rebautizó las marchas de la bronca como marchas de la esperanza.

El río revuelto y la mecha del estallido encendida y corriendo, ya con actores de la política, algunos de ellos promotores directos del fraude, operando. Para el Juzgado y el Ministerio Público Fiscal federales es imperioso enderezar los expedientes y dar señales contundentes de ecuanimidad.

En tal sentido, hay otros financistas todavía libres y beneficiados con contemplaciones que no se explican. El más notorio es Cristian Sixto Rojo, titular de Callvu Servicios Financieros, que se presentó espontáneamente a prestar indagatoria mientras pesaba sobre él un pedido de captura internacional y quedó en libertad tras dejar un automóvil de alta gama como caución. Además, fue denunciado por uno de sus acreedores por amenazas, pero ahí sigue de lo más pancho y acaba de incorporarse a su expediente un escrito en el que expresa su intención de pagar en forma progresiva lo que debe.

Faltaría que aparezca otro juez o fiscal, vaya a saberse de dónde, y tome las medidas que los federales demoran. Después se sorprenden porque la gente no les cree las explicaciones.

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