martes 14 de junio de 2022

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Cara y Cruz

Rigor con los cuatro de copas

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2 de junio de 2022 - 01:05

Por estos días se lleva adelante el juicio contra cuatro ex funcionarios de la Municipalidad de Valle Viejo acusados de “peculado de servicios”, en el marco de un proceso iniciado por una denuncia radicada en 2012 por la entonces intendenta y actual diputada Natalia Soria. Los encartados integraban el equipo de Gustavo Roque Jalile, que recién dejaba el mando de la comuna, y se les endilga haber utilizado personal y materiales del municipio para obras en sus domicilios particulares o de allegados.

Se trata en definitiva de una malversación de recursos públicos y el juicio se celebra diez años después de la denuncia. Las moras judiciales son relativas. Podría considerarse que una década es demasiado tiempo, pero en el caso de Catamarca deben considerarse los plazos habituales que la Justicia se toma para resolver cuestiones vinculadas a corruptelas.

Ahí está, por ejemplo, el caso del megafraude de las fundaciones, primer escándalo que tuvo que enfrentar Eduardo Brizuela del Moral en calidad de gobernador, que determinó la decapitación del área de Acción Social. Va para los 20 años y todavía en veremos. El expediente se abrió en 2004, con elevaciones a juicio sistemáticamente postergadas debido a subterfugios leguleyos.

El del “negocio del hambre” es otro enjuague emblemático en términos de veteranía judicial, que incluye un detalle delicioso: el principal beneficiario de las compras directas de elementos para asistencialismo desbocadas fue Edgardo Edmundo Bulacio, actualmente preso por la estafa piramidal perpetrada en “RT Inversiones” aunque dice que no tuvo nada que ver y que el responsable de todo fue su hijo Edgardo Alfredo. Al parecer, Edgardito estaba todavía verde para manejar entuertos de excesiva complejidad, a tal punto que, según tres empleadas de la firma, su padre se llevaba la plata en bolsos y a él no le parecía extraño.

También va para los 20 años el derrotero de la causa de las “compras directas”, denunciadas en 2004.

Lo de los peculados de servicio en Valle Viejo, de tal manera, puede ya anotarse como una excepcionalidad. Que la Justicia haya mermado nada menos que a la mitad la duración de un trámite relacionado con perjuicios al erario debe celebrarse, sobre todo en momentos como éste, donde está tan desacreditada por su defección en los fraudes piramidales.

Es preciso advertir, sin embargo, que para perfeccionar el remonte de su prestigio no solo tiene que bajar los tiempos, sino también hacer que esta disminución sea consistente con el poder y las relaciones que los involucrados tienen cuando les toca el banquillo.

Estos de Valle Viejo carecen ya de las influencias y protecciones que tenían, cosa que no ocurre con los encartados por las “compras directas” y el “megafraude”, donde caídos en desgracia comparten imputaciones con personajes todavía en condiciones de hacer valer contactos y hasta cargos.

Sería muy desprolijo, hasta para el Poder Judicial catamarqueño, encanastar a los desprovistos y salvar a los pertrechados, de modo que la dilación procesal beneficia a ambos y se da una paradoja singular: en el circunscripto ámbito del expediente hay justicia, pues se aplica la misma vara para todos.

Los pobres infractores chacareros estarán lamentándose de que la ex intendenta Soria no incluyera en la denuncia a algún personajón de incidencia suficiente como para que las elevaciones a juicio se difirieran.

Tan cuatro de copas son que la querella, que es el municipio, nuevamente en manos del peronismo, ni siquiera participa del juicio.

¿Qué les van a sacar? Ni plata ni réditos políticos, no vale la pena el esfuerzo.

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