Desde que se empezó a debatir el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), contenido en la Ley Bases, las pequeñas y medianas empresas vienen reclamando que el Gobierno nacional diseñe un programa similar pero que beneficie a su sector. El RIGI vigente es para inversiones que ninguna pyme puede afrontar, por lo que han argumentado que se sienten, pese a que son actores centrales en la economía argentina, excluidos como potenciales beneficiarios de la norma.
El RIGI vigente apunta a incentivar, por un período de 30 años, mediante políticas fiscales y aduaneras, inversiones en actividades extractivistas como minería, petróleo y gas. Pero se refiere a inversiones iguales o superiores a los 200 millones de dólares.
El reclamo de las pymes, al parecer, ha sido atendido por el Gobierno, a juzgar por las declaraciones del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que señaló durante un evento de una cámara industrial que el Gobierno busca “un RIGI para toda la actividad empresaria y productiva”.
Según versiones, de las que se hizo eco el portal de noticias económicas ámbito.com, se estudia la posibilidad de enviar un proyecto de ley al Congreso para tratar la problemática. La iniciativa, según sostienen en el Gobierno, incluiría beneficios impositivos y aduaneros.
Las pymes industriales integran uno de los sectores más afectados por el programa económico de Javier Milei. Entre noviembre del año pasado y julio de este año la industria perdió más de 33.000 fuentes de trabajo, la inmensa mayoría de ellos en firmas pequeñas y medianas.
Lo llamativo del caso es que mientras algunos funcionarios adelantan la posibilidad de estos beneficios a futuro para aliviar la crisis que vive este tipo de empresas, en la actualidad lo que rige son medidas que las perjudican de un modo en algunos casos letal, como la apertura indiscriminada de las importaciones a través de la baja de aranceles y la eliminación del impuesto país.
Los empresarios, además, asumen con cautela los anuncios oficiales sobre medidas a futuro si es que no se efectúan pasos concretos y visibles en pos de alcanzar los objetivos proclamados. Hay que recordar, por ejemplo, que en la Cámara de Diputados de la Nación existe un proyecto de ley que busca declarar la emergencia PyME, con el fin de disminuir los costos de producción y afrontar los tarifazos en servicios de energía eléctrica, gas, entre otros. La iniciativa parece dormir en el cajón de algún escritorio de la comisión de Pequeñas y Medianas Empresas. Entre diciembre y agosto pasado, se lee en los fundamentos del proyecto, se cerraron alrededor de 10 mil pequeñas y medianas empresas por la caída de las ventas a raíz de la abrupta disminución del poder adquisitivo de los salarios.
Habrá que esperar para saber si las declaraciones de Francos fueron el anticipo esperado de un programa de beneficios para el sector, o apenas una expresión de deseos para calmar el malestar creciente de los empresarios pymes.