La regla básica de un gobierno con empatía y sensibilidad social es no hacer recaer las consecuencias negativas del ajuste fiscal en los sectores de mayor vulnerabilidad. Sin embargo, son esos sectores los que están pagando un alto precio por el impacto del programa económico que viene implementando Javier Milei desde el 10 de diciembre.
Sobre el fuerte recorte en el envío a los comedores populares –y ahora los escolares- se ha dicho y escrito mucho en los últimos meses. Bastante menos sobre la gravitación del ajuste en la vida cotidiana de las personas con alguna discapacidad.
La brutal poda se aprecia en la ejecución presupuestaria de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS): en los dos primeros meses apenas superó el 5% del valor ajustado por inflación del presupuesto del año anterior. A este ritmo, se ejecutará en todo el año poco más del 30% de ese presupuesto.
La reducción ya tiene algunas consecuencias muy palpables: por la demora en los pagos y los bajos aranceles, tanto terapeutas como profesionales de la salud y transportistas están paralizando los servicios y tratamientos.
La asistencia a las personas con discapacidad también se ha resentido notablemente por los 165 despidos en la ANDIS, algunos de ellos sufridos por personas con discapacidad. La mayoría de los cesanteados son trabajadores que asistían a pacientes y sus familias para la realización de trámites, como acceso a pensiones no contributivas, el acceso al certificado único de discapacidad o del certificado médico oficial, requisitos indispensables para acceder a las prestaciones de las leyes nacionales 22431, de Protección Integral de las personas con discapacidad, y 24901, de Sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad.
Un dirigente sindical de UPCN, Mariano Unamuno, graficó con su testimonio la sensación de abandono que existe en el sector. “En dos meses y medio de gestión no hubo una sola política de discapacidad, el organismo, que es eminentemente técnico, está totalmente inactivo desde que asumió el nuevo gobierno. Acá no hay ningún proyecto de política pública con respecto a la discapacidad, el único proyecto es reducir el personal, que encima en ANDIS el presupuesto destinado a éste es del 0,8 por ciento”, dijo.
Para agravar la ya delicada situación, hace unos días el Gobierno nacional anunció, a través del Ministerio de Capital Humano, el cierre de 59 Centros de Referencia en todo el país. En muchos de ellos funcionaban delegaciones de la Agencia de Discapacidad.
Las organizaciones que acompañan a las personas con discapacidad y sus familias están promoviendo campañas de difusión sobre lo que está sucediendo y reclaman permanentemente a las autoridades, hasta ahora sin respuestas, para que se atienda a las necesidades del sector y se hagan cumplir la normativa vigente. Habrá que esperar para saber si el gobierno se sensibiliza y decide un cambio de rumbo.
